22 nov. 2024

Direccionado

Wendy Marton – @WendyMarton

Según la diputada Kattya González, la Cámara de Diputados tocó fondo. La legisladora llegó a esta conclusión después de la bochornosa sesión de la Cámara Baja donde se analizó el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2020.

Pero estoy más que segura que Kattya está equivocada. Diputados aún puede sorprendernos y seguir mostrando el lado más cruel y miserable del ser político: cumplir con el clientelismo a toda costa.

Urgidos por la cercanía de las elecciones municipales, los diputados crearon un “colchón”, recortando recursos de varias instituciones para poder otorgar el aumento salarial solicitado por docentes, funcionarios judiciales y de la Fiscalía, entre otros.

Hasta allí, el comportamiento legislativo “es normal”, ya que cada año buscan fondos para poder cumplir con las apetencias de sus electores.

El problema es que este año se les pasó la mano. Recortaron recursos destinados a medicamentos, mantenimiento de equipos sanitarios, alimentación escolar, entre otros. Fondos indispensables para cumplir con la Constitución Nacional y leyes que ellos mismos aprobaron, de garantizar la salud y la educación de todos los habitantes del territorio nacional.

Además de inflar el gasto salarial en más de USD 41 millones sin fuente de financiamiento real (porque recortar fondos de gastos necesarios para el funcionamiento del Estado no es precisamente hacer un buen trabajo), violaron la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Tras la presión ejercida por la ciudadanía y, ante tamaña “metida de pata”, revieron algunos recortes, pero igual destrozaron el plan de gastos estatal del próximo año.

El problema es que el Presupuesto General de la Nación está direccionado. Y no precisamente hacia la población que paga sus impuestos de manera puntual, sino hacia los clientes de cada legislador, quienes hacen que permanezca otro periodo legislativo más, a pesar de no contribuir en nada por el bienestar del país.

Parte del descalabro podrá ser corregido en el Senado, cámara revisora. Pero el déficit presupuestario repercutirá indefectiblemente en la población de escasos recursos.

Hace años que los economistas, autoridades financieras y fiscales y ex autoridades del sector económico hablan de la necesidad de reformular el plan de gastos estatal. Pero ni los que están al frente de las instituciones económicas ni los que pasaron por ellas hicieron o hacen algo por iniciar el cambio.

Aunque es necesario que la decisión sea acompañada por el sector político, ninguno parecer querer un verdadero cambio.

Los miembros del Congreso necesitan entender que el poder dado por los electores es una responsabilidad. Introducen modificaciones en el Presupuesto General de la Nación, como si el Estado fuese un baúl sin fondo incapaz de quebrar.

Ya no se puede seguir tolerando legisladores y autoridades del Poder Ejecutivo irresponsables que utilizan el plan de gastos para direccionar los fondos para algunos privilegiados. Es necesario poner un punto final, rehacer totalmente el plan de gastos del Estado y comenzar a construir las bases que permitan atender las necesidades de todos.

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