El documento señala que el líder del grupo criminal pagaba sumas de G. 3 millones, G. 5 millones, hasta 1.000 dólares por hacer ingresar teléfonos a su celda, además de obtener otros beneficios.
“Es importante poner a conocimiento de la superioridad las manifestaciones realizadas en forma verbal por los agentes penitenciarios que sí demuestran compromiso institucional sobre ofrecimiento de dinero por parte de personas privadas de su libertad para introducir aparatos telefónicos por un día, que van desde 3 millones, 5 millones y 1.000 dólares”, dice el documento.
La nota también refiere que los funcionarios penitenciarios, que no accedían al soborno para cooperar con el grupo, eran amenazados.
“Les dicen que ellos son ‘internos y no eternos’, que tarde o temprano sabrán los nombres de su familia, de sus domicilios, y que les enviarán gente para visitarlos o que el camino hasta la ruta es largo”, afirma el informe de Bolaños.
La nota fue enviada el pasado 14 de junio al coronel Raúl Peña, director general de Establecimientos Penitenciarios, pero los reportes fueron enviados desde el 27 de mayo a las autoridades del Ministerio de Justicia.
El director también advirtió que los nuevos guardias que fueron formados especialmente para trabajar en la zona de máxima seguridad no tienen “la capacidad necesaria para el manejo de situaciones de crisis” y tienen miedo a realizar intervenciones.
Negociando. Videos y audios a los que tuvo acceso radio Monumental 1080 AM revelan una negociación entre un interno ligado al Clan Rotela con un agente penitenciario, buscando un acuerdo para no llegar a un motín dentro del penal de Emboscada, considerado de máxima seguridad.
La reunión fue grabada a través de un teléfono celular y aparece como negociador Arsenio Erico Alvarenga, que realiza una serie de pedidos al funcionario público, entre ellas, acceder a las visitas íntimas.
“Mientras estés en el pabellón de máxima seguridad, la privada no va a haber”, se escucha decir al funcionario del Ministerio de Justicia. Esta conversación, según se reveló en la emisora radial, se dio el 3 de julio de este año, dos días después de que Javier Rotela fuera captado destrozando una cámara de seguridad con una botella atada a una tela.
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, afirmó ayer que “el control del penal de máxima seguridad de Emboscada nunca se perdió”. Sostuvo que “estos inconvenientes surgieron y van a seguir surgiendo porque se implementa un nuevo modelo”. Sobre el punto, resaltó que “se habla de un supuesto descontrol; sin embargo, en los videos, vemos a personas que están dentro de sus celdas con tiras de sábanas, situación diferente a lo que era Tacumbú donde se paseaban libremente”. Por su parte, el viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez, señaló que “ocurrieron omisiones o relajamiento por parte de los agentes penitenciarios en cuanto a los protocolos. Las personas que están en máxima seguridad tienen régimen especial, llevan más tiempo en sus celdas solos. Dentro de ese régimen se hacen requisas dos veces al día, entonces no se explica que estas personas tengan sogas y botellas”. De esta manera, Benítez justificó la destitución del director Tomás Bolaños, como una de las medidas ante las irregularidades denunciadas en dicho penal. “La destitución de este director (Bolaños) no fue por el hecho de informar, sino porque no tiene que quedarse en informar y seguir las cuestiones. El hecho de no tener una escopeta o si se rompe una ventana no significa que tengo que dejar de seguir protocolos”, argumentó.
