En los conversatorios sobre economía verde, Paraguay se presenta como un modelo de desarrollo sostenible de acuerdo al discurso consensuado entre el Gobierno y el sector privado. No solo llevan una única posición a las discusiones nacionales e internacionales, sino que además desacreditan cualquier planteamiento alternativo, incluyendo las investigaciones científicas.
Tanto las autoridades como los empresarios defienden al país como víctima del cambio climático y no como responsable, por tanto apuestan a planes de adaptación de la producción a los fenómenos climáticos y rechazan las políticas de mitigación. No se trata de una coincidencia de ideas, cada palabra fue estudiada y acordada, ya advertía hace casi un año el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) acerca de la captura estatal por parte del sector privado, lo que se refleja no solo en discursos unificados, sino en las políticas públicas.
A lo que planteaba el libro acerca del crecimiento y desarrollo del país en un contexto en que los intereses empresariales permean en las instituciones estatales, se suma el análisis de Base Investigaciones Sociales, que se centra en las causas y efectos del modelo extractivista. En su reciente informe Con la Soja al Cuello desarrolla en un capítulo cómo los discursos criminalizadores se instalan como verdades irrefutables de la mano de los medios hegemónicos de comunicación.
El material lanzado el martes pasado aborda los derechos campesinos, la dependencia del paquete transgénico, de los riesgos que supone la expansión del monocultivo, así también incluye el debate sobre la crisis climática y la soberanía alimentaria. Estos temas fueron encarados desde un enfoque crítico, pues alerta sobre el impacto negativo de los cultivos expansivos en la sostenibilidad social, ambiental y económica y que van de contramano a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 asumidos por Paraguay ante las Naciones Unidas.
Estos aspectos además son derechos concatenados, pues el daño a la biodiversidad que causan los agroquímicos no solo se extiende a la salud humana sino que además tiene un efecto socioeconómico. En el primer punto son innegables algunos antecedentes como el caso de la muerte del niño Silvino Talavera en el 2003, cuando murió luego de que fuera rociado con plaguicidas camino a su vivienda; o el del fallecimiento del joven Rubén Portillo, por el que el Estado Paraguayo tuvo una condena del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y, el más reciente caso de la imputación de un sojero por la intoxicación de una niña de 2 años.
En el aspecto social y económico se observa el aumento de los desalojos violentos de campesinos e indígenas promovidos por los grandes productores que tienen sus representantes en el Congreso Nacional, como es el caso del senador Fidel Zavala, quien junto a Enrique Riera impulsó la Ley que criminaliza las ocupaciones por parte de campesinos y que contradictoriamente protege a quienes ostentan entre sus propiedades tierras malhabidas repartidas durante de la dictadura de Alfredo Stroessner. En ese sentido la agricultura familiar sufre una constante amenaza de expulsión de las tierras que cultiva para su autoconsumo y para la renta, sin contar la falta de respuesta estatal a los problemas de producción y comercialización de sus alimentos que golpean también fuertemente al resto de la población que depende de hortalizas importadas o de contrabando.
Estos nefastos atropellos a la población más vulnerable se repiten, mientras que el Gobierno y el sector privado se concentran en repetir que Paraguay captura más carbono de lo que emite en un intento de deslindar las responsabilidades que tienen para lograr un verdadero desarrollo sostenible, que además de la crisis climática contempla la reducción de la pobreza y la desigualdad.
