La medida eliminaría seis distritos especiales creados en 1967, es decir, un año antes de que Florida aprobara su Constitución estatal, entre los cuales figura el Reedy Creek Improvement District, donde opera Disney, y entraría en vigor el 1 junio de 2023.
Con una extensión de 27.000 acres (casi 11.000 hectáreas), el Reedy Creek Improvement District se asienta entre los condados de Osceola y Orange, en el centro del estado, y permite a Walt Disney World tener su propia policía y cuerpo de bomberos, entre otros.
Se trata de un nuevo capítulo de la disputa abierta entre DeSantis, que buscará en noviembre próximo la reelección, y el gigante del entretenimiento después de que Disney mostrase su rechazo públicamente a la polémica ley conocida como “Don’t Say Gay” (“No digas gay”).
Esta legislación prohíbe a los maestros floridanos hablar en las aulas sobre orientación sexual e identidad de género en los primeros niveles de educación primaria.
En plena polémica, el presidente ejecutivo de Disney, Bob Chapek, anunció que la compañía cancelaba sus cuantiosos donativos políticos en Florida, algo que no gustó nada a DeSantis, que no se ha arredrado ante el pulso de uno de los mayores empleadores y símbolos del estado.
DOBLE ESTÁNDAR. “Disney es un invitado en Florida. Hoy se lo recordamos”, tuiteó el martes Randy Fine, el republicano que presentó la ley contra el autogobierno de Disney en el Parlamento estatal.
El senador republicano Marco Rubio acusó, por su parte, a la empresa de tener un doble estándar.
“Disney no dice una palabra sobre la dictadura en China porque podría costarle miles de millones de dólares”, tuiteó Rubio. “Pero no tiene ningún problema en usar su poder corporativo para mentir sobre leyes aprobadas por legisladores elegidos democráticamente en Florida”, añadió el político. EFE-AFP
