La Unión Nacional de Educadores-Sindicato Nacional (UNE-SN) exige que paren los nombramientos directos de docentes y supervisores para llenar las vacancias mediante concursos.
Así lo establecen las Leyes N° 1264 y N° 1725, que establecen los derechos y obligaciones, así como los mecanismos de ingreso, ascenso y permanencia en el cargo.
“El concurso público de oposición es la herramienta que justamente transparenta la gestión del MEC con relación al acceso a la carrera docente y, por otro lado, lo que garantiza la carrera en sí para el educador”, manifestó en NPY Rafael Resquín, presidente del gremio.
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Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppComentó que en el contexto actual fueron desvinculados alrededor de 650 docentes que pudieron haber trabajado en más de una cátedra. “Esto hace una cantidad interesante de rubros que pueden ser manoseados”, advirtió sobre la cuota política que está presente también en el sector educativo.
En ese sentido, la normativa garantiza el ingreso y la permanencia del docente, independientemente al partido de gobierno.
Para tratar esta situación, los docentes piden desde el comando de unidad de los sindicatos del sector docente una reunión urgente con el ministro de Educación, a fin de encontrar una solución y al mismo tiempo analizar la forma de que también se lleven adelante los concursos de cargos de directores departamentales, ya que hoy en día más de la mitad está cumpliendo dicho rol, pero con rubros de supervisores.
Resquín no mencionó plazos para Luis Ramírez, pero tampoco descartó alaguna medida faltando un mes para el inicio de clases.
“Medida extrema o no, tenemos que buscar que se cumpla la ley, y segundo, los acuerdos a los que se ha llegado en las mesas de trabajo. En ese sentido, por supuesto, que desde el momento que no se garantiza la transparencia dentro del sistema de acceso a la carrera, nosotros tampoco podemos garantizar nada”, advirtió.
Por otro lado, mencionó que el gremio llevará adelante fuertemente en este 2024 la campaña nacional por el financiamiento de la educación pública, en un contexto en que el país está invirtiendo menos de la mitad de lo que se necesita. Para este año, se asignó un presupuesto de G. 8,2 billones correspondientes al programa central de la institución.
