El secretario de la Unión Nacional de Educadores-Sindicato Nacional, Eladio Benítez, llamó a una mesa de trabajo para analizar el problema de fondo, con la participación de los padres, fuerzas del orden, Ministerio de Educación, Niñez y Salud, luego de la autorización de la cartera educativa de revisar las mochilas a los estudiantes.
“Escuchamos hermosos discursos, salen resoluciones, pero que en la práctica no son reales (…) Estamos acostumbrados a un Estado policíaco que tras consumado el hecho vienen y quieren solucionar con medidas paliativas, como la revisión de las mochilas”, cuestionó.
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Asimismo, pidió que se tengan profesionales en el ámbito, como orientadores y psicólogos en las aulas y se tome en serio la educación, fundamentalmente con una mayor inversión para fortalecer esos equipos de trabajo a través del Ministerio de Salud y otras instituciones que puedan aportar para paliar la carencia que se tiene a nivel de Estado, con medidas políticas sociales que puedan dar solución al problema.
El docente mencionó que hay instituciones educativas en lugares alejados donde no tienen casi aulas, baños adecuados y no están montados ni siquiera básicamente para dar atención a los niños, por lo que mucho menos se le podrá dar una contención de la salud mental.
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En el caso de la revisión de mochilas, señaló que no hay suficiente capacidad de personal para el efecto y que tampoco se les puede retener a los padres para que lo hagan en las instituciones, ya que deben ir a trabajar para sobrevivir.
Benítez expuso que por falta de presupuesto ya no existe la figura de los celadores, que antes podían controlar lo que ocurría en el patio, en los baños y detrás de la institución educativa.
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También lamentó que la Policía Nacional resguarde a los “manguruyú” (peces gordos), pero no las instituciones educativas.
El dirigente agregó que la normativa tampoco prevé tareas en torno a la salud mental de los estudiantes, ya que no hay equipos técnicos en las instituciones educativas.
Finalmente, dijo que cree importante el empoderamiento de la Comisión de Riesgo Institucional de cada colegio, con la participación de padres, directivos, docentes y estudiantes, además de expertos en salud y efectivos policiales y hasta de la Senad.
