Es la pregunta que muchos se hacen tras cada emisión de títulos de deuda. El Gobierno argumenta que su salida al mercado de capitales es para captar fondos para inversión en obras públicas; sin embargo, lo que se observa es un acelerado crecimiento del pasivo del Estado que hoy totaliza USD 7.700 millones.
Un informe recientemente publicado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones revela que en Paraguay el 90% de las rutas todavía son de tierra, un paupérrimo legado si se toma en cuenta que este país ha sido administrado en los últimos 70 años por el mismo signo político.
Buscando acortar esta brecha, la administración Cartes emitió en los últimos cinco años títulos por USD 3.380 millones; sin embargo, la mitad de estos fondos fueron para administrar pasivos, es decir, bicicletear deuda vieja.
Pero ¿por qué priorizan el fondeo vía bonos? La respuesta es discrecionalidad. Cuando el Ejecutivo se financia con un crédito de organismos, como el BID o la CAF, debe existir proyecto específico, que pasa por el análisis del Congreso y una vez aprobado por ley, los desembolsos se hacen por etapas conforme avanza la obra.
Con los bonos, Hacienda esquiva todos estos pasos burocráticos y utiliza el dinero a su libre albedrío. Actualmente, hay 192 contratos en ejecución que hacen a un valor de USD 1.385 millones; de este monto, USD 88,6 millones se destinaron solamente a pagar consultorías.
Ahora, fíjese que lo más llamativo es que en un listado de 29 obras que el Gobierno considera emblemáticas, apenas cinco figuran financiadas vía bonos soberanos.
La avenida Laguna Grande por USD 21,9 millones, la eterna rehabilitación de la ruta 8 (el famoso caso Ilsung), USD 60,5 millones; el tramo cruce Guaraní-Corpus Christi, USD 24,6 millones; el empalme de la ruta 5 Bella Vista Norte USD 45,1 millones y el tramo Vaquería por USD 36,8 millones. La suma total da unos USD 188,9 millones.
¿Y el resto del dinero? Pues lo que hace Obras Públicas es bicicletear el pago de otros proyectos a los que se hace figurar como financiados con fondos locales.
Así se vive con la soga al cuello, pues si no emiten cada año nuevos bonos se les retrasa el pago a contratistas. Situación que se dio en 2017 cuando se discutía la legalidad o no de una nueva emisión tras el veto al presupuesto.
Con un crédito multilateral, el Estado paga un interés de 1% a 3%; con los bonos esta tasa va de 4% y hasta un 6%; es decir, es el doble más caro.
Por esto, es que se reclamó al Gobierno a que diversifique el fondeo con otros instrumentos como concesiones o APP, donde el compromiso que hace el Estado es menor y quienes pagan las mejoras viales son quienes la utilizan (vía peaje) y no todos los paraguayos.
