La fiscala Silvana Otazú, de Delitos Informáticos, confirmó que la denuncia fue hecha por el empresario Juan Galeano Grassi, quien arrendaba unas propiedades y se encontró que debía pagar altas sumas de dinero por el impuesto, por lo que 2 funcionarios (ya condenados) le propusieron pagar G. 7.500.000.
Este caso es del 2019, donde se hizo pago encubierto.
Areco y Quiroga habrían cambiado en el sistema los valores, es decir, tierra, superficie, edificación de 4 cuentas catastrales, para bajar el monto del impuesto, y días después, volvieron a normalizar los valores de las fincas.
El Tribunal está integrado por los jueces María Martínez, Elio Ovelar, Darío Martínez.
CONDENADOS. Por su parte, Néstor Pereira y Miguel Mendoza fueron los funcionarios que tuvieron el contacto directo con Grassi y le propusieron el pago. Fueron condenados meses atrás a 3 años por cohecho pasivo.
Ahí contactaron con las funcionarias hoy juzgadas, según confirmó la fiscala Marlene González.