Un claro ejemplo de esta dualidad de países son los fallos judiciales que permiten a sectores empresariales –que tienen contactos en la esfera política– importar cosméticos sin la necesidad de contar con los registros necesarios.
Desde hace décadas, un puñado de empresas se benefician de estos eternos fallos para obtener ventajas económicas por encima de los competidores formales.
Solo en los últimos cinco años, ocho empresas lograron importar por valor de USD 128.408.952, según los registros oficiales.
En el caso de las empresas Bega Import-Export y Vargos SA, las firmas siguen operando a pesar de contar con medidas cautelares que ya no están vigentes, las cuales fueron otorgadas por resoluciones de ministros que ya no integran la Corte Suprema de Justicia, como Miryam Peña y Óscar Bajac.
Tomando en cuenta, las importaciones del sector realizadas este año, tanto Bega Import como Vargos SA se ubican entre las firmas con mayor volumen de ingreso de mercaderías en los primeros meses del 2024. Esto deja en claro que las firmas tienen altos beneficios al operar con medidas cautelares. ¿Quién permite que estas medidas no pierdan vigencia?
Todo esto se da a pesar de que distintos representantes del Ministerio de Salud, Dinavisa, INAN, entre otros, cuestionaron las medidas y advirtieron sobre la peligrosidad de estos productos, estas empresas siguen operando sin que la máxima instancia judicial se expida sobre la cuestión de fondo, a beneficio de las empresas accionantes.
El fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que permite a la firma LA Business la importación de alimentos sin la necesidad de contar con registro sanitario, pasando por encima de todos los organismos creados para verificar la calidad y salubridad de estos, es una nueva estocada para quienes viven en el país.
Penosamente, existen personas que encuentran ventajas en las acciones jurídicas que están diseñadas para la salvaguarda de los derechos.
Además se despiertan severas dudas sobre la no complicidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ya que aparentemente no existe un interés real en resolver los aspectos de fondo.
Llama la atención que un puñado de firmas opere durante décadas valiéndose de las medidas judiciales, las cuales son acatadas, sin oposición alguna, por los organismos de recaudación, como la Dirección Nacional de Aduanas y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Pues es evidente que la prioridad es recaudar más y no salvaguardar los intereses de quienes operan en el marco de la formalidad.
El gobierno de Santiago Peña se llena la boca sobre la necesidad de atraer nuevas inversiones que contribuyan al desarrollo industrial del Paraguay. Pero ¿qué te garantiza que algún integrante de la competencia se sume al oportunismo de los demás?
Para pensar en un país desarrollado, es prioritario que las reglas sean claras a la hora de competir. No podemos seguir en la dualidad en la que quienes juegan limpio están sometidos y quienes juegan sucio se bailan rodeados del beneficio del oportunismo.
La marca país no solo son los números fríos en los que Paraguay se destaca desde hace años. Cuidar a las empresas que dan empleos es clave para el desarrollo. Pero de nada sirve generar nuevos empleos para finalmente beneficiar a los oportunistas.
