Víctor Rolando López Vázquez, dueño del taller allanado por la Fiscalía en Capiatá, el pasado 3 de junio, en el marco de la investigación por los desvíos de combustible para la Policía Nacional, fue adjudicado para el servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de las dependencias policiales por el monto más elevado. La empresa no habría cumplido con el pliego de bases y condiciones.
La firma unipersonal Viccar Service, de López, fue adjudicada con el monto de G. 4.585.213.132, en tanto otras fueron adjudicadas con G. 9 millones y otra con G. 4.200 millones, , según el escrito de la licitación. El monto total de la licitación pública N° 77/2015 es de G. 12.474.391.793.
En el allanamiento, encabezado por el fiscal Aldo Cantero, fueron halladas dos camionetas policiales Isuzu D-Max. Una de ellas, con placa EAF 907, corresponde a la Comisaría 6ª de Itauguá, mientras que la otra, a una comisaría del Departamento de Caaguazú, con chapa BEH 585.
López Vázquez presentó un escrito a los fiscales solicitando la devolución de las camionetas incautadas con el argumento de que el 16 de julio de 2014 firmó contrato para la reparación de vehículos. Esta fue otra adjudicación por G. 2.896.016.125.
Estas camionetas fueron halladas en el predio el 3 de junio de 2015, seis meses después del vencimiento del contrato. El pliego de bases y condiciones establece claramente que todos los servicios licitados debían ser realizados en su totalidad hasta el 31 de diciembre de 2014.
Inclusive, el pliego de bases especificaba que si el oferente solicitaba una prórroga, los plazos establecidos para la entrega de los servicios serían para las reparaciones menores de 3 días hábiles, en tanto en casos excepcionales se podrá exceder el término hasta cinco días hábiles.
Las patrulleras incautadas estuvieron aparentemente un mes en el interior del tinglado, que cuenta con cuatro lotes y se encuentra aún en construcción, según indicaron pobladores del lugar.
Según versiones de los vecinos del barrio el Retiro de Capiatá, Francisco Daniel Alvarenga, hijo del ex comandante Francisco Alvarenga, solía llegar hasta el lugar para verificar las obras, incluso, mencionaron que en el sitio era constante el ir y venir de policías.
JUSTIFICACIÓN. López refirió a la Fiscalía a través de un escrito que el taller allanado es la sucursal de Viccar Service (taller adjudicado). Además, señaló que trasladó las patrulleras al predio de Capiatá porque no contaban con lugar suficiente para alojar los vehículos en el taller ubicado sobre Cacique Lambaré casi Fernando de la Mora, Asunción.
No obstante, el fiscal Aldo Cantero apuntó que efectivamente el taller está a nombre de López. Sin embargo, este declaró que alquiló el predio a Etelvina Rotela, repre- sentante de la firma autorrepuestos Diover SA, por lo que de ser así López no tenía que haber trasladado las patrulleras.
El fiscal Cantero solicitó informes a Identificaciones de la Policía y a Informconf para corroborar si Rotela tiene parentesco con la esposa de Alvarenga, cuyo nombre es Mirtha Rotela de Alvarenga.
El jefe del Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), José Benjamín Segovia Cáceres, indicó que uno de los requisitos del pliego de bases es que el taller debe contar con sucursales, sin embargo, negó tener conocimiento sobre la sucursal del taller de Capiatá.
Asimismo, señaló que el encargado de controlar que se cumpla con el pliego de bases es el tesorero del Plan Estratégico Policial, comisario Juan Mendoza. Precisamente este se encuentra imputado por el caso del desvíos con las tarjetas de combustible.