Los representantes legales de las empresas Imedic y Eurotec, Patricia Ferreira Pascottini y Marcelo Ferreira Pascottini, fueron acusados, recientemente, por colusión (o manipulación de licitaciones) por la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom).
Ambas empresas se exponen a una fuerte sanción monetaria y sus propietarios, a ser suspendidos por cinco años como proveedores del Estado.
El expediente está ahora en manos del Directorio de esa novel entidad pública para su posterior veredicto.
Se trata de la primera investigación que realiza la Conacom. En este caso, se analizaron los pormenores de ocho licitaciones —entre 2019 y 2020— en las que salieron favorecidas ambas firmas del clan Ferreira, liderado por el empresario Justo Ferreira.
“Las pruebas obrantes en el expediente indican, con toda claridad, que las personas hoy acusadas violaron el artículo 8° de la Ley de Defensa de la Competencia. Tenían vínculos, incentivos y medios para coludirse, y su comportamiento en la fase preparatoria de las ofertas, así como durante las fases de presentación y evaluación de ofertas indica, más allá de toda duda, que entre Eurotec e Imedic hubo colusión, la cual ocurrió con la activa participación de los hermanos Marcelo Rubén y Patricia Beatriz Ferreira Pascottini, como respectivos representantes de dichas empresas”, reza parte del extenso informe resultante del sumario de investigación, abierto el 11 de junio de 2020.
En el marco del mismo expediente, se hizo lugar al pedido de desestimación de Medical Pharma SA.
Tanto Imedic como Eurotec se exponen a una fuerte multa, equivalente hasta el 150% de los lucros obtenidos a través de la infracción o, si es que no se puede llegar a conocer el lucro, hasta el 20% de lo facturado por estas empresas en la comisión de esas prácticas infractoras (ver infografía).
Agotaron todos los caminos para encontrar vínculos entre los hermanos Ferreira para demostrar “su corresponsabilidad de la conducta ilícita y que a ellos personalmente se les suspenda en su derecho de poder ofertar al Estado”, destacó Gustavo Benítez, director de investigación de la Conacom.
El decreto reglamentario de la Ley N° 4956/13 de Defensa de la Competencia contempla que el castigo será la inhabilitación por cinco años de las personas investigadas por “acuerdos restrictivos a la competencia”.
La Conacom no solo tiene la sospecha, sino la convicción de que lo de estas firmas del clan Ferreira no es un caso aislado, sino parte de una práctica extendida; por lo que apuntan a desalentar la participación de empresas de maletín en las compras públicas.
Lo que se busca es poder sancionar a la persona física. Siempre sucedía que se le sancionaba a la empresa, pero se iba y compraba otra empresa, otra SRL y seguía compitiendo. Gustavo Benítez, investigador de la Conacom.
3.378.670 dólares sería la máxima sanción pecuniaria entre ambas empresas, sobre la base del 20% de lo facturado.
11.016.953 dólares fue la facturación bruta de Imedic por la venta de los productos, objeto de la práctica infractora.
5.876.401 dólares fue la facturación bruta de Eurotec, como fruto de lo obtenido en las licitaciones colusorias.
