No se debe alegar pobreza ni riqueza para burlar la ley. Suele escucharse a los pobres (o a los que ofician de tales) lamentarse en los medios de comunicación del despropósito de las autoridades de querer hacerles cumplir una normativa. Con el mismo fin, los ricos (o los que presumen de semejante condición), menos sutiles, coimean policías, jueces, fiscales, ministros de la Corte, algún que otro legislador y autoridades varias, pues lo que abunda no daña.
Ambos suelen salirse con la suya. Obviamente, los acaudalados ganan las más de las veces. Estos gozan de impunidad, gracias a las influencias que tienen o al dinero que usufructúan para aligerar conciencia, variar sentencias y ajustar disposiciones. Los menesterosos deben esperar los buenos vientos electorales para ser escuchados y torcer los destinos de una inoportuna legislación, ya que una mayoría descontenta suele impactar en las elecciones. Y los eternos vendedores de espejito que infectan los partidos políticos temen más a la llanura que a la Justicia.
La semana que pasó vivimos dos casos emblemáticos. Uno, el incendio del Bloque C del Abasto. El otro fue la condena de un autodenominado ambientalista que recolectaba pilas para evitar que estas contaminen.
La ley en un sistema democrático es un instrumento de elaboración consensuada y abierta que busca armonizar la convivencia de los componentes de la sociedad. Básicamente sirve para que podamos subsistir como sociedad de forma civilizada.
En el caso del Abasto se invoca el derecho al trabajo y se agrega la retórica falaz de que solo a los pobres se les persigue (en Paraguay a nadie se le persigue, en verdad). Pero la realidad del asunto es que en un predio concebido para 600 prestatarios ahora están apiñados 1.800 de ellos. Cualquier intento de regulación para evitar una catástrofe choca con los intereses creados. Parece ser que debe desatarse realmente una tragedia de proporciones para dar algo de racionalidad a la situación. Las autoridades deben actuar con coraje para dar un corte definitivo a semejante despropósito. Aunque el coraje no es precisamente una virtud que abunde en la clase política.
Los dos años de prisión en suspenso al buen hombre que pretendía evitar la contaminación es también un hecho aleccionador. No se pueden recolectar toneladas de elementos contaminantes sin una autorización específica ni los cuidados requeridos.
La ley es dura, pero es la ley. Aunque en el Paraguay hay veces que son entelequias poco prácticas que solo se aplican si no hay otro remedio.
