En junio pasado, a través de la resolución de la EBY Nº 23542, el entonces director de la hidroeléctrica, Ángel Recalde, nombró a Ricardo Rodrigo Torres Alliana, primo del diputado Pedro Alliana, para prestar servicios en el Departamento de Obras Complementarias, sector Medioambiente, sede Ayolas.
Sin embargo, ahora el titular de la entidad, Nicanor Duarte Frutos, decidió apartar de la institución a Torres Alliana, que tenía una categoría G6 de la escala salarial.
Esta situación se da en medio de la barrida que está realizando Duarte Frutos con los cargos de confianza.
El primo del legislador cartista tenía un salario básico de G. 15.474.500, a lo que se deberán agregar otros ítems, como presentismo, cobro por títulos obtenidos, compensación adicional, desarraigo, pasaje o combustible, asignación familiar a cargo, subsidio de energía eléctrica, entre otros, con lo que fácilmente el ingreso total del nombrado ascenderá a más de G. 26.000.000, remuneración final que percibía sin haber concursado, atendiendo que, alegan, era un cargo de confianza.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppERA CÓNSUL. Antes de su nombramiento, Torres Alliana era cónsul en la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco (Argentina).
La resolución por la cual lo hacía funcionario estaba firmada, a más de Recalde, por el director lado argentino, Martín Goerling Lara.
La designación del cartista, en junio pasado, se dio en medio de otros nombramientos, ascensos y jugosos aumentos que se dieron justamente en momentos previos a los cambios en la administración del Estado en general.
DENUNCIA. Yacyretá ya fue notificada por los abogados del hurrero colorado Luis Fernando Canillas, quien ahora demanda a la Binacional por “despido injustificado”.
Canillas pide cerca de G. 1.114.000.000 tras haber estado en un cargo de confianza (director del Área Jurídica) bajo el gobierno de Horacio Cartes, su amigo.
Sin embargo, Duarte Frutos anunció que no dará tregua para que se siga “desangrando” a la hidroeléctrica y más aún de parte de alguien que ni siquiera concursó para ocupar el cargo donde percibía más de G. 70 millones de forma mensual, por lo que el caso de Canillas será llevado a la Procuraduría General de la República (PGR).
El objetivo es que ambas instituciones (PGR y EBY) defiendan los intereses patrimoniales del Estado. Entre los montos que le habían asignado mensualmente a Canillas figuran más de G. 53 millones por vacaciones, más de G. 800.000 por almuerzo y una cifra superior a G. 3.500.000 por “presentismo”.
“El decreto reglamentario dice que todas las causas que afectan los intereses patrimoniales deben tener la respuesta de la PGR. Analizaremos y si existe posibilidad de perjudicar actuaremos de manera conjunta”, añadió el jueves pasado Sergio Coscia, procurador general.
