Finalmente la Junta Municipal homologó ayer la adjudicación de la gestión tributaria y catastral en Asunción al Consorcio TX Panamá, conformado por las empresas Grupo TX SA y Gaudí SA, por un plazo de 10 años, según lo establecido en el pliego de bases y condiciones.
Las firmas consorciadas tendrán durante todo ese tiempo una comisión del 22,75% sobre el aumento demostrable de la recaudación habitual o promedio que tiene cada año la institución municipal. (ver infografía).
El concejal Humberto Blasco fue vocero del dictamen A de la Comisión de Legislación de la corporación que recomendaba la aprobación de esta licitación. El mismo resaltó que los cuestionamientos que se hicieron al proceso no tienen carácter legal ni constitucional. “Con esto se acabó el cajoneo de expedientes y aquellos morosos que evaden pagar sus tributos deberán contribuir ineludiblemente”, expresó.
Por su parte, el edil Orlando Fiorotto, vocero del Dictamen B de rechazo, sostuvo que esta adjudicación viola libertades constitucionales, como la de la privacidad, ya que se utilizarán aeronaves fotogramétricas para captar el recinto interno de cada contribuyente sin su consentimiento.
Afirmó que se entregará toda la base de datos de los 146.000 propietarios de inmuebles a esa empresa privada y se transgreden normas legales de orden público, ya que se suscribe un contrato por 10 años, el cual solo puede ser por 5 años.
“Ferreiro tuvo la brillante oportunidad, con 10% de sus 8.000 funcionarios, y adquisición de tecnología de punta, lograr que todo lo recaudado en aumento pasara a las arcas municipales y no entregar a manos de terceros que buscan solo el lucro”, apuntó.
La resolución de esta licitación a favor de esas firmas consorciadas se dio por un total de 17 votos contra 6. Los ediles que dieron su aprobación son Óscar Nenecho Rodríguez, Humberto Blasco, Martín Arévalo, Augusto Wagner, Julio Ullón, Ireneo Román, Federico Franco Troche, Rodrigo Buongermini. También Víctor Hugo Menacho, Ramón Martínez, Fabiana Benegas, Félix Ayala, José Alvarenga, Pepa Kostianovsky, Karen Forcado, Elena Alfonsi y Víctor Ortiz.
Lo hicieron en contra los concejales Daniel Centurión, Javier Pintos, Rosanna Rolón, Orlando Fiorotto, Carlos Arregui y Álvaro Grau. El edil Elvio Segovia se abstuvo.
ACCIÓN. Por otra parte, la presidenta del sindicato Simuca, Gladys Galeano, adelantó que impulsarán una acción de inconstitucionalidad contra la homologación aprobada en la víspera por el cuerpo legislativo comunal.
“Lo que aprobaron en la Junta Municipal es nulo de toda nulidad. Ese pliego de bases y condiciones está totalmente cambiado con relación al que se aprobó en el 2016. También hay que mencionar que se hicieron 19 adendas al mismo”, precisó la sindicalista.
Indicó que en la fecha ya empezarán a elaborar el escrito que será presentado ante el Ministerio Público para frenar lo que consideran un despojo a la ciudadanía asuncena, ya que afirmó que durante 10 años se entregará anualmente a una empresa privada la suma de USD 19 millones.
La misma dijo que como organización gremial repudia a cada uno de los concejales que votaron a favor de esta adjudicación, que calificó como “la venta del municipio a una empresa privada”.
Sentenció que lamenta la postura de otros sindicatos de la Comuna capitalina que por defender un negocio de usura a los empleados acompañaron este proceso inconstitucional.
