Editorial ÚH
La demanda de energía eléctrica está creciendo rápidamente debido a varios factores, entre los que destacan las olas de calor y la criptominería. Esto genera desafíos en los sistemas de suministro y distribución de electricidad y, por supuesto, mayor necesidad de inversión que será asumida por la población. La situación nos obliga a debatir no solo la necesidad de fortalecer el sistema eléctrico, sino también cómo se financiará, de manera que esa inversión, además de eficiente y de calidad, se acoja al principio de equidad.
La política fiscal es parte fundamental del contrato social. La ciudadanía se compromete a pagar impuestos para financiar los bienes y servicios que necesita y a los que tiene derecho y el Gobierno, junto con el sector público, se compromete a gestionar esos recursos con eficiencia y equidad. Estos compromisos se concretizan en la política fiscal. Las evidencias muestran la mala calidad del gasto y la necesidad de recurrir al endeudamiento público derivado del déficit. Una parte del déficit debería ser resuelta mejorando el uso de los recursos públicos.
La realidad de colapso del tránsito que se vive en la calle cotidianamente resulta ya intolerable. Trasladarse de un punto a otro requiere de aceptar irremediablemente la demora de varias horas, debido a que el parque automotor ha crecido exponencialmente superando ampliamente a la infraestructura en calles y avenidas. Las autoridades del Gobierno y las municipales tienen la obligación de resolver este problema que claramente demanda inversión y planificación. Necesitamos urgentemente un sistema de transporte y movilidad.
Tras la Asamblea General de la Conferencia Episcopal Paraguaya, los obispos expresaron su preocupación por “la crisis y el escándalo” que afecta a los tres poderes del Estado, ante las denuncias de tráfico de influencias y el poder del narcotráfico. Que la corrupción logre socavar nuestro sistema democrático es también otro motivo de preocupación, frente a manifestaciones de retroceso que se ven a diario. No se puede permitir que la corrupción, la impunidad y el crimen organizado sigan echando raíces en nuestras instituciones.
Las carencias y las improvisaciones volvieron a marcar el inicio de un nuevo año escolar en las instituciones públicas. El programa insignia del Gobierno de Santiago Peña, Hambre Cero, enfrenta tropiezos y sigue mostrando improvisaciones. Como cada año, surgieron problemas en la entrega de los kits escolares, sumados a la preocupante normalización de la precariedad en la infraestructura de escuelas y colegios. Es inaceptable que la solución a los problemas de la edu-cación en Paraguay siga postergándose. Las necesidades de los niños no pueden esperar.
La Justicia paraguaya enfrenta un importante desafío. No se trata solamente de que las víctimas de lo que actualmente se conoce como la mafia de los pagarés reciban justicia, sino de que todo el sistema judicial logre estar a la altura de la situación. Con demasiada frecuencia se puede observar la manera en que las mismas víctimas deben manifestarse ante las autoridades para formular sus reclamos. Urge celeridad y mayor respeto a aquellas personas que tanto han sido perjudicadas. Necesitamos que la Justicia sea rápida, justa e independiente.
Exactamente con la misma progresión en que se desvelan las miserias de las carencias en nuestra salud pública, surgen al mismo ritmo los groseros privilegios que siguen siendo distribuidos en el Parlamento. Definitivamente no puede ponerse en duda la generosidad de la clase política en el momento de repartir el dinero público entre allegados, familiares, recomendados y afines políticos. Mientras en el país faltan recursos para habilitar terapias neonatales, bachilleres con “conocimientos empíricos” ocupan cargos con jugosos salarios.
Paraguay continúa con importantes rezagos en materia de infraestructura de todas las dimensiones. Durante más de una década, aumentó su deuda pública con la excusa de financiar infraestructura física. Al no haberse previsto una solución estructural y de largo plazo, hoy estamos ante la grave situación de haber llegado al límite de la sostenibilidad de la deuda, sin que las inversiones realizadas hayan tenido efectos sustanciales en la calidad del crecimiento ni en la calidad de vida. Por lo tanto, debemos hablar de la necesidad de una reforma del sistema tributario no solo para impulsar la inversión pública, sino también para pagar la deuda.
Las inversiones en servicios públicos son pilares fundamentales para el desarrollo económico, social y humano de cualquier nación. Los servicios públicos, como la educación, la salud, el transporte, el agua potable y la energía, son esenciales para garantizar una calidad de vida digna y para la producción y productividad económica. Recientemente, autoridades de Essap señalaron que requieren de unos USD 300 millones para optimizar su gestión y ANDE alrededor de USD 600 millones por año para mejorar la calidad. El país debe hacer el esfuerzo por financiar estas obras necesarias, pero debe hacerlo de manera justa para que los beneficios alcancen a todos y contribuyan a reducir las desigualdades entre personas, empresas y regiones.
En este Día Internacional de la Mujer es oportuno reflexionar sobre su aporte a la sociedad y sobre las deudas aún pendientes para que sean reconocidas por sus méritos y su contribución. Este año, Naciones Unidas hace un llamado a la acción para ampliar la igualdad de derechos, poder y oportunidades para todas, como dice el lema: Para las mujeres y niñas en toda su diversidad: Derechos, igualdad y empoderamiento. Queda mucho por hacer, especialmente para garantizar una vida digna, libre de violencia para todas las mujeres.
Informaba un titular de ÚH que después de doce años un caso de violencia familiar prescribió sin una sola diligencia. Los casos de violencia familiar fueron desestimados sin que la Fiscalía los haya investigado. En uno de ellos, la víctima había denunciado amenazas de muerte y que temía por la vida de sus hijos pequeños; el fiscal de la causa señaló que la causa penal no fue iniciada, por lo que solicitó la extinción de la acción penal por prescripción. Este es uno de los tantos ejemplos de un sistema de Justicia cómplice de la impunidad.
Para que las instituciones del Estado funcionen y estén en condiciones de proveer servicios públicos eficientes a la población es necesario que los funcionarios de los diferentes entes no solamente estén debidamente capacitados, sino que además sepan que su rol es, fundamentalmente, prestar un servicio a la ciudadanía. Resulta pues inadmisible que se sigan manejando ministerios y otras dependencias con criterio político partidario y clientelista. De seguir así, muy lejos estará el Gobierno de proveer buenos servicios a los paraguayos.
El estado en que se encuentra la salud pública en nuestro país es harto conocido y absolutamente insostenible. A diario, la ciudadanía soporta carencias, vive humillaciones y es testigo impotente de nuevas tragedias, como la muerte de un bebé en Villarrica por la falta de terapia neonatal. Asegurar el acceso a la salud a toda la población es obligación del Gobierno, y debe ser la principal prioridad para las autoridades y los funcionarios, si realmente quieren asumir sus responsabilidades y servir con eficiencia a sus mandantes.
Este no es un simple enunciado. Es uno de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional. Precisamente, el artículo 6 de nuestra Carta Magna afirma que “la calidad de vida será promovida por el Estado”. En solo una semana y frente al país ha quedado al descubierto la pobre gestión del Gobierno: Un recién nacido ha muerto por falta de terapia neonatal, y las groseras deficiencias en la provisión del almuerzo escolar ya no sorprenden. Esta es la imagen del país desigual que no respeta el derecho a una vida digna.
Entre el 24 de febrero y el 8 de marzo se conmemoran jornadas dedicadas a la mujer. El primero es un día nacional, mientras que el segundo es de carácter internacional. Ambas fechas surgen de eventos en los que las mujeres han tenido sufrimientos extremos, por lo que en esas fechas son tratadas como heroínas dignas del agradecimiento popular y por parte de los organismos públicos. Sin embargo, las mujeres tienen demandas que son constantemente expresadas públicamente de diversas maneras, pero sin ser atendidas.
La deuda sigue aumentando sin que existan medidas en el corto plazo para mejorar la calidad del gasto ni aumentar las capacidades de quienes terminarán pagando en el futuro las nuevas emisiones que extienden los plazos y endeudan a quienes no están siendo beneficiados con estos fondos. Las nuevas deudas tienen vencimiento a 10 y 30 años. La pregunta es si estos fondos aumentarán la productividad de niños, niñas y adolescentes que están hoy en el sistema educativo y que serán responsables por el pago de esta nueva emisión.
Se debe fortalecer primero el plan inicial del funcionamiento del sistema de transporte nocturno Búho y luego, con base en la experiencia –que esperamos sea positiva–, ampliar el área de cobertura en una segunda etapa. Por ahora, el servicio conecta puntos claves entre Asunción y San Lorenzo. Llegar a los barrios y a otras ciudades del Departamento Central debe ser en el futuro el gran desafío a implementar. La Policía debe llevar a cabo un trabajo eficiente, amparando a los pasajeros en las paradas y en los colectivos.
Por las numerosas víctimas de la mafia de los pagarés, es necesario que el Ministerio Público llegue al fondo de este esquema corrupto. Que todos los involucrados desde el más bajo nivel al más alto rango, tanto en los sectores públicos como privados, paguen sus culpas y que se haga justicia por tantos afectados. La investigación en curso está dando buenas señales con allanamientos, incautaciones de expedientes originales y suspensión de jueces implicados. Que al final se esclarezca y que se sancione con la máxima pena a los responsables.
La Comuna de Asunción y la Policía Nacional realizan operativos de despeje de lugares tomados por cuidacoches en las calles. Numerosas denuncias se han presentado por extorsión. En este contexto, sin embargo, se debe buscar una solución de fondo al problema. Esto conlleva dar una respuesta con proximidad, en un trabajo que debe ser interinstitucional, entre el gobierno local y otras entidades del Estado, para que el tratamiento sea integral. No será una tarea fácil. Ya se intentó anteriormente, pero vale la pena intentarlo de nuevo.