Editorial
La demanda de energía eléctrica está creciendo rápidamente debido a varios factores, entre los que destacan las olas de calor y la criptominería. Esto genera desafíos en los sistemas de suministro y distribución de electricidad y, por supuesto, mayor necesidad de inversión que será asumida por la población. La situación nos obliga a debatir no solo la necesidad de fortalecer el sistema eléctrico, sino también cómo se financiará, de manera que esa inversión, además de eficiente y de calidad, se acoja al principio de equidad.
La política fiscal es parte fundamental del contrato social. La ciudadanía se compromete a pagar impuestos para financiar los bienes y servicios que necesita y a los que tiene derecho y el Gobierno, junto con el sector público, se compromete a gestionar esos recursos con eficiencia y equidad. Estos compromisos se concretizan en la política fiscal. Las evidencias muestran la mala calidad del gasto y la necesidad de recurrir al endeudamiento público derivado del déficit. Una parte del déficit debería ser resuelta mejorando el uso de los recursos públicos.
La realidad de colapso del tránsito que se vive en la calle cotidianamente resulta ya intolerable. Trasladarse de un punto a otro requiere de aceptar irremediablemente la demora de varias horas, debido a que el parque automotor ha crecido exponencialmente superando ampliamente a la infraestructura en calles y avenidas. Las autoridades del Gobierno y las municipales tienen la obligación de resolver este problema que claramente demanda inversión y planificación. Necesitamos urgentemente un sistema de transporte y movilidad.
Tras la Asamblea General de la Conferencia Episcopal Paraguaya, los obispos expresaron su preocupación por “la crisis y el escándalo” que afecta a los tres poderes del Estado, ante las denuncias de tráfico de influencias y el poder del narcotráfico. Que la corrupción logre socavar nuestro sistema democrático es también otro motivo de preocupación, frente a manifestaciones de retroceso que se ven a diario. No se puede permitir que la corrupción, la impunidad y el crimen organizado sigan echando raíces en nuestras instituciones.
Las carencias y las improvisaciones volvieron a marcar el inicio de un nuevo año escolar en las instituciones públicas. El programa insignia del Gobierno de Santiago Peña, Hambre Cero, enfrenta tropiezos y sigue mostrando improvisaciones. Como cada año, surgieron problemas en la entrega de los kits escolares, sumados a la preocupante normalización de la precariedad en la infraestructura de escuelas y colegios. Es inaceptable que la solución a los problemas de la edu-cación en Paraguay siga postergándose. Las necesidades de los niños no pueden esperar.
La Justicia paraguaya enfrenta un importante desafío. No se trata solamente de que las víctimas de lo que actualmente se conoce como la mafia de los pagarés reciban justicia, sino de que todo el sistema judicial logre estar a la altura de la situación. Con demasiada frecuencia se puede observar la manera en que las mismas víctimas deben manifestarse ante las autoridades para formular sus reclamos. Urge celeridad y mayor respeto a aquellas personas que tanto han sido perjudicadas. Necesitamos que la Justicia sea rápida, justa e independiente.
Exactamente con la misma progresión en que se desvelan las miserias de las carencias en nuestra salud pública, surgen al mismo ritmo los groseros privilegios que siguen siendo distribuidos en el Parlamento. Definitivamente no puede ponerse en duda la generosidad de la clase política en el momento de repartir el dinero público entre allegados, familiares, recomendados y afines políticos. Mientras en el país faltan recursos para habilitar terapias neonatales, bachilleres con “conocimientos empíricos” ocupan cargos con jugosos salarios.