Uno de los peligros que afrontamos respecto al tema de la violencia contra las mujeres, y particularmente respecto a la ocurrencia de feminicidios, es que al final la sociedad acabe por normalizar la situación.
Sin dudas hubo importantes avances en los últimos años. Contamos, como es sabido, con una Ley de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia desde el año 2016, que tipifica el feminicidio como una forma extrema de violencia, y con una pena privativa de libertad por cometer feminicidio de 10 a 30 años.
Sin embargo, el marco legal no logra por sí solo que la problemática desaparezca. Para eso es fundamental una articulación de todas las instituciones involucradas con el tema, y sobre todo una buena gestión de las mismas. Y aquí es donde se debe señalar que se observan grietas dentro del mismo sistema, dado que hubo casos en los que las víctimas realizaron las denuncias, pero la maquinaria protectora del Estado no funcionó y ellas terminaron muertas en manos de sus feminicidas.
Es necesario que todas las instancias que reciben las denuncias estén preparadas para ofrecer una eficiente respuesta, y que todos los funcionarios públicos que reciben las denuncias sean capaces de dar un trato adecuado a las víctimas, profesional, respetuoso y comprometido.
Respecto a este tema, un estudio de ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a partir de las sentencias judiciales por feminicidio encontró que, desde el 2017 y hasta diciembre del 2020, existen 92 expedientes por hecho punible de feminicidio consumado y 83 expedientes por feminicidio en grado de tentativa. De los 92 expedientes por feminicidio consumado registrados, 22 contaban con sentencia hasta diciembre del 2020, lo que representa el 23,9%. De los casos de feminicidio en grado de tentativa (83 expedientes en trámite), siete cuentan con sentencia, lo que representa cerca del 8,4%, de acuerdo con el informe. Y un dato significativo es que, de las personas condenadas, solo una obtuvo la pena máxima de 35 años, lo que implica que también se aplicaron medidas de seguridad adicionales.
Desde el mes de enero hasta el mes de agosto de este año Paraguay cuenta ya con un total de 30 feminicidios; vale decir que, faltando cuatro meses para que finalice este año, ya estamos por alcanzar el total de feminicidios registrados en el 2021. El dato no nos lleva al optimismo, al contrario, pues además se debe sumar a la ecuación la decena de niños y niñas huérfanas que deja a su paso esta epidemia de violencia contra las mujeres. ¿Existe un seguimiento del desarrollo y el bienestar de estos niños por parte del Estado y de sus instituciones?
Las penas, como la que recientemente condenó a 29 años de cárcel a Paulo Samudio por tentativa de feminicidio a Cinthia Carolina Díaz, luego de haberla golpeado brutalmente cuando bajó de un bus para ir a su lugar de trabajo, son ejemplares, pero no son suficientes si no hay un cambio cultural y si no se incorporan cambios en la educación.
La educación será el elemento clave para acabar con la violencia contra las mujeres y para evitar que se sigan sucediendo más feminicidios. Para que esto sea posible es necesario iniciar un proceso de cambio que permee en la sociedad, un cambio de visión que reconozca a todas las personas como iguales, en derechos y dignidad; para dejar de lado los resabios del machismo que condena a las mujeres a vivir en ámbitos violentos. A través de la educación podremos construir una sociedad menos violenta, cambiar la sociedad patriarcal que concede a los varones todos los privilegios y normaliza la visión de que las mujeres son seres inútiles e inferiores. Ese es el gran desafío para construir una sociedad verdaderamente democrática.