Coincidencia o no. Mientras el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realiza observaciones in situ de las acciones tomadas por el Estado paraguayo en su lucha contra el lavado de dinero y la corrupción en general, autoridades locales detuvieron ayer a Kassen Mohamad Hijazi, ciudadano brasileño de origen libanés radicado en Ciudad del Este, el mismo día en que el Gobierno de los Estados Unidos sanciona a éste y otras dos personas, Khalil Ahmad Hijazi (también de origen libanés) y Liz Paola Doldán (paraguaya), por ser “parte de una esquema de corrupción en el Paraguay, que fomenta la proliferación del crimen organizado”.
Kassen Hijazi, objetivo de EEUU, fue detenido en un operativo realizado en el microcentro de CDE, entre las avenidas Boquerón y Abay.
Las informaciones reveladas indican que el detenido y la paraguaya mantienen “fuertes lazos” con políticos, policías, fiscales, aduaneros y dueños de compañías de cambio de dinero en ciudad, que le proporcionan protección y poder económico para operar en la Triple Frontera.
El juez José Agustín Delmás firmó el operativo en cumplimiento de un pedido realizado por el Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito Sur de Nueva York, por los cargos de “encubrimiento de lavado de dinero, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y lavado de dinero internacional”.
El procedimiento estuvo a cargo del fiscal Marcelo Pecci, agentes especiales de la Unidad de Investigación Sensitiva de la Senad, con el apoyo de la Secretaría Antidrogas del Gobierno de los Estados Unidos.
La detención con fines de extradición se produjo ayer a las 08:54 en el estacionamiento, cuando ingresaba con su vehículo al edificio para iniciar su jornada laboral en su oficina ubicada en el décimo piso, que fue allanado por la comitiva. Alrededor de las 15:00 abandonaron el edificio trasladando al detenido.
A Kassen lo señalan como un objetivo de alto valor estratégico para la región y varias agencias de seguridad. Se lo sindica como líder de una organización donde estaría cumpliendo el papel de suministro de los recursos y la infraestructura para facilitar servicios de lavado de cientos de millones de dólares generados por grupos internacionales de crimen organizado de gran envergadura en los Estados Unidos y Sudamérica, ligadas al narcotráfico.
El hombre, fuertemente custodiado, fue trasladado en una avioneta hacia Asunción, donde guardará reclusión.
OTROS SEÑALADOS. En un informe que fue difundido ayer, el Departamento del Tesoro de los EEUU también mencionan a Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán.
El informe se da en el contexto de Ley Global Magnitsky, que Washington aplica a autores de abusos de derechos humanos y de corrupción en el mundo.
El primero es también de origen libanés y residente en Ciudad del Este, donde se desempeña como propietario de la compañía España Informática SA, dedicada a mover mercancías en países como Estados Unidos, Uruguay y China, según se puede ver en el informe.
Por su parte, Paola Doldán, la única en la lista que es paraguaya de nacimiento, fue identificada como una mujer que trabaja como intermediaria para importar productos, en su mayoría artículos electrónicos, desde los EEUU.
De acuerdo a las pesquisas, Doldán usó su empresa Mobile Zone International Import-Export SRL para llevar productos desde Miami, Florida, a Paraguay y hacerlos ver como de menor costo y por ello declarar menos impuesto, señala el Tesoro.
Aseguran que la mujer es socia del hoy detenido Kassen Mohamad Hijazi, con quien habría hecho una alianza para fines espurios y trabajaban en esa zona del país.
El informe cierra diciendo que “los Estados Unidos está comprometido a apoyar los esfuerzos de Paraguay para combatir la corrupción y promover la rendición de cuentas de quienes socavan las instituciones gubernamentales”.
Fiscalía pidió sobreseimiento de Doldán
Liz Paola Doldán, una de las mencionadas en el escrito, ya estuvo procesada en el año 2019 como supuesto cerebro del esquema de evasión de impuestos por valor de USD 678.300.678 (desde el 2014 hasta mayo de 2019) en la compra de teléfonos celulares de alta gama, fue imputada ayer junto a otras 14 personas.
Los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz solicitaron la suspensión condicional del procedimiento, a lo que el juez José Agustín Delmás se opuso y le dio trámite de oposición. La fiscala adjunta Soledad Machuca, en representación del Ministerio Público, solicitó el sobreseímiento provisional que fue otorgado por el juzgado.