Aunque las acusaciones y condenas por corrupción de funcionarios públicos de nivel medio y bajo se produjeron con mayor frecuencia, dice el documento, “los funcionarios públicos de alto rango gozaron de un alto grado de impunidad”.
Es más, el informe presentado por el secretario de Estado, Antony Blinken, incluso resalta el mecanismo de las chicanas jurídicas, al decir que, en virtud de una ley que prohíbe que los casos judiciales duren más de cuatro años, “los políticos y las personas influyentes” condenados en tribunales inferiores evitaron el castigo de forma rutinaria al presentar apelaciones y mociones hasta alcanzar el plazo de prescripción o al solicitar con éxito la destitución o suspensión de los jueces y fiscales que trabajan en sus casos.
La impunidad es endémica para los funcionarios gubernamentales de alto nivel anteriores y actuales acusados de delitos, refiere.
“Las oenegés y la prensa informaron sobre varios ex ministros de gobierno, intendentes, gobernadores y actuales funcionarios electos que evitaron el enjuiciamiento en el sistema de justicia, a pesar de haber sido acusados y procesados por corrupción y otros delitos”. El informe sobre prácticas de derechos humanos en Paraguay incluye entre otras cuestiones el presunto asesinato de dos niñas durante una operación de seguridad protagonizada por efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra el grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), y denuncias de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad.
Además de las condiciones penitenciarias duras y, en ocasiones, potencialmente mortales; arresto y detención arbitrarios; problemas sustanciales con la independencia del Poder Judicial; intimidación violenta de periodistas por parte de grupos del crimen organizado; corrupción generalizada en todos los poderes y niveles del Gobierno; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia contra la mujer; y trabajo infantil, particularmente, en el servicio doméstico y la agricultura informal.
En cuanto a la corrupción, el documento destaca que la ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios, “pero el Gobierno generalmente no implementó la ley de manera efectiva”.
Los funcionarios participaron con frecuencia en prácticas corruptas con impunidad.
“La corrupción en todas las ramas y en todos los niveles del Gobierno siguió siendo generalizada, con periodistas de investigación y oenegés informando sobre cientos de casos de malversación de fondos, evasión fiscal, enriquecimiento ilícito, abuso de la confianza pública, documentos falsos y asociación delictiva”, enumera el informe.
En casos de delitos menores, los jueces con frecuencia establecen una fianza demasiado alta para que los acusados pobres no la paguen.
Mientras que los acusados con conexiones políticas o ricos pagan una fianza mínima o reciben otras concesiones. Informe sobre DDHH, Departamento de Estado.
