El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó recientemente al ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli, cuya administración data del 2009 al 2014, y lo acusó de estar involucrado en “corrupción a gran escala”.
En un comunicado, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, anunció la medida y señaló al ex mandatario por haber “recibido coimas a cambio de contratos indebidamente adjudicados” durante su mandato.
Estas acciones, señaló Blinken que “socavan la integridad de las instituciones democráticas de Panamá”.
Las sanciones, detalla el comunicado, también se extienden a sus “familiares cercanos”, prohibiéndoles la entrada a territorio estadounidense.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppMartinelli es una de las 36 personas que fueron llamadas a juicio el pasado noviembre en Panamá por blanqueo en el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, el mayor episodio de corrupción en la historia del país.
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Los hijos del ex presidente Martinelli, Ricardo Alberto y Luis Enrique, fueron excarcelados el martes último después de haber cumplido una condena en Estados Unidos, por participar “en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección de Odebrecht” por un total de USD 28 millones.
Los medios panameños habían especulado con que los hermanos Martinelli llegarían a Panamá este miércoles en la noche. Junto con su padre, deben ahora rendir cuentas ante la Justicia panameña en las audiencias por el caso Odebrecht.
La investigación por este caso en Panamá se abrió en el 2015, fue archivada, reabierta en el 2017 —luego de que la empresa confesara en Estados Unidos que había pagado millones en sobornos en una docena de países— y culminó en octubre del 2018.
En julio del 2017, Odebrecht firmó con la Fiscalía panameña un acuerdo para pagar en 12 años una multa de USD 220 millones al Estado, el cual no se está cumpliendo.
Además de los casos en Panamá por presunto blanqueo, el ex mandatario es investigado en España por un caso de presunta corrupción por sobornos que la constructora española FCC confesó haber pagado en Panamá, y por otro por supuesto espionaje a una mujer en Mallorca.
