Los autores materiales del magnicidio podrían ser extraditados, si encuentran que con el asesinato quisieron obstruir investigaciones.
Medios colombianos se hicieron eco de que una comitiva de agentes de la Fiscalía y de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) llegaron a tierras colombianas a entrevistar a los principales implicados: Francisco Luis Correa (testigo clave), los hermanos Andrés y Ramón Pérez Hoyos y Margareth Lizeth Chacón.
Específicamente se menciona que una fiscala del distrito del sur de la Florida, Estados Unidos) se encuentra en Bogotá y tuvo contactos para abrir la nueva arista a la investigación.
El hecho de que haya sido de esta zona, llama la atención.
Primeramente, se centrarán en las entrevistas a los procesados y condenados como autores materiales, pero no se descarta que también EEUU esté interesado en buscar al autor moral.
Fuentes de la investigación confirmaron que esta es una causa paralela a la ya abierta en Colombia y también en Paraguay.
recompensa. El Gobierno norteamericano anteriormente había colaborado con esta causa, ofreciendo una recompensa de USD 5 millones “por información que conduzca a los arrestos y/o condenas de las personas, aún desconocidas, que conspiraron o participaron en el crimen organizado transnacional”.
Esta oferta se hizo bajo el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (Tocrp, por sus siglas en inglés).
Desde EEUU, afirmaron apoyar los esfuerzos de Colombia, Paraguay y de otros socios encargados de buscar justicia para el fiscal Pecci.
INVESTIGACIONES. En Colombia, se había iniciado la investigación apenas ocurrió el terrible crimen, el 10 de mayo del 2022.
En dicho país, se pudo determinar a nueve personas implicadas en el asesinato. Falta determinar quién es la persona que dio la orden para el asesinato.
Estos son Wendre Still Scott –venezolano– (quien efectuó el disparo), Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta (el conductor de los asesinos), Marisol Londoño Bedoya y Cristian Camilo Monsalve Londoño (madre e hijo), que se encargaron de hacer el seguimiento al fiscal y a su esposa, durante su estadía en Colombia.
Todos ellos recibieron la pena de 23 años y 6 meses, luego de haberse sometido a un proceso abreviado, tras aceptar los hechos.
Se los sentenció a 25 años y 6 meses a los hermanos Andrés Felipe Pérez Hoyos y Ramón Emilio Pérez Hoyos –hermanos– quienes habrían ordenado y pagado para acabar con la vida del fiscal. Ambos serían los estructuradores y financiadores.
Por último, fue condenada a 39 años de cárcel Margareth Lizeth Chacón, también por ser la financista del crimen.
Respecto a la posibilidad de que los ya condenados sean extraditados a Estados Unidos, el abogado explicó que es viable, siempre y cuando que no sea por los mismos hechos. “Si detrás de esta participación, había la intención de obstruir investigaciones en las que los EEUU tendría interés, pues ya no se trata de los mismos hechos”, dijo el abogado Francisco Bernate a medios colombianos. INTELECTUAL. En cuanto a la autoría moral, esa es una investigación aparte que está llevando adelante Paraguay, luego de los dichos del testigo estrella de la Fiscalía colombiana, apuntado a que la orden del crimen había salido de Paraguay. Francisco Correa Galeano había dicho que el homicidio ocurrió por supuesta retaliación (represalia) porque tiempo atrás se le había detenido al hermano de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y también se había generado molestia al ex presidente, Horacio Cartes. Fueron designados los fiscales el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Francisco Cabrera y los de la Unidad de Crimen Organizado, Cristian Ortíz y Alejandro Cardozo. Estos trabajan bajo la coordinación de la fiscala adjunta Matilde Moreno y el acompañamiento del fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán.
