06 oct. 2024

Efectos de la sequía muestran la vulnerabilidad de la economía

Si bien las proyecciones de crecimiento económico para 2023 se mantienen por encima del 4%, las consecuencias negativas de la sequía son desesperantes en algunas zonas y grupos poblacionales y para otros el panorama es incierto. La llegada de El Niño augura mejores perspectivas, pero se mantiene cierto grado de incertidumbre. El problema de la alta dependencia de factores exógenos de la economía paraguaya como el clima no es nuevo y a pesar de esto es poco lo que realiza el Estado para cambiar la situación

De hecho, el Ministerio de Agricultura ya alertó sobre la falta de fondos y la incapacidad de implementar medidas de mitigación precisamente ante estos factores que crean la situación de vulnerabilidad y además, una inestabilidad económica que puede profundizarse.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal) señaló que Paraguay será el segundo país con mayor crecimiento de Sudamérica en 2023 con un 4,2% de aumento del producto interno bruto (PIB). Esta estimación de crecimiento es ligeramente inferior al 4,5% pronosticado por el Banco Central del Paraguay (BCP). En junio, el Fondo Monetario Internacional confirmaba esta cifra con cálculos propios. Este buen desempeño económico se relaciona con las mejores condiciones climáticas. Luego de tres años de sequía producto del fenómeno de La Niña en nuestro país y en la región, al parecer El Niño llegará con precipitaciones en las principales zonas productivas del país, sobre todo hacia el sur.

No obstante, también se prevén excesos de lluvia en el sur de la Región Oriental manteniendo la situación crítica en el Chaco y parte del norte del país.

Los pronósticos realizados a mediados de año empezaron a cumplirse. La lluvia llegó en octubre, se mantendrá en noviembre y se espera un clima inestable desde diciembre.

La sequía del Chaco es la más intensa de los últimos 80 años y ya está generando una situación humanitaria preocupante en varias zonas de Argentina, Paraguay y Bolivia. Esta situación tiene, por otra parte, consecuencias sobre la seguridad alimentaria y los medios de vida de las poblaciones residentes.

En Paraguay los tres departamentos occidentales –Boquerón, Presidente Hayes y Alto Paraguay– están sumamente afectados debido al déficit severo de lluvia correspondiente a un 50% menos en comparación con el promedio de los años no secos. Una investigación realizada en 35 comunidades de Boquerón y Presidente Hayes señaló que el 80% de las familias comen dos o menos comidas por día y han sufrido pérdidas de más del 75% en su producción para autoconsumo, hay un 50% de incremento en casos de enfermedades diarreicas agudas y 91% de las familias no tienen acceso a agua segura

Esta condición de vulnerabilidad e inestabilidad económica continuará y tiende a profundizarse debido a los efectos de la crisis climática. Si no es la sequía son las lluvias o las inundaciones. La dependencia de factores cuyas causas no es posible afectar como el clima hace que el desempeño del producto interno bruto muestre alta volatilidad en los últimos 15 años, lo que redujo la potencialidad de crear condiciones para garantizar un crecimiento sostenible y estable en el tiempo.

Además de los problemas de crecimiento se agregan los derivados de la falta de agua para el consumo, el aumento de las enfermedades y de la pobreza, todo ello generando sufrimiento humano en un país que cuenta todo para garantizar altos niveles de vida a su población.

Es sumamente desalentador ver que a pesar de las señales en el pasado reciente, ningún gobierno ha realizado las acciones necesarias para mitigar y adaptar al país mejorando los servicios públicos y transformando el modelo económico de manera a generar mayor resiliencia económica. Al contrario, si se observan las prioridades otorgadas en el presupuesto público a la expansión de la infraestructura, gran parte de ellas se dirige a mantener el modelo actual.

Más contenido de esta sección
Un proyecto que buscaba modificar el Código Penal para evitar que los casos de corrupción prescriban en la Justicia fue rechazado por los diputados y enviado al archivo. Se buscaba endurecer las penas, ampliar el universo de tipos penales, extender plazos para la prescripción y endurecer criterios de medición de la pena para delitos de corrupción pública y privada, con énfasis en la corrupción cometida por funcionarios públicos. El rechazo de esta propuesta parece una verdadera declaración de intenciones.
Mientras el ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio opera para obtener una medida sustitutiva a la prisión, la Cooperativa San Cristóbal, de la que fue presidente, siente las devastadoras consecuencias de haber sido una entidad a través de la cual, presuntamente, se puso en circulación el dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas. Perdió la confianza y a miles de socios. Es un ejemplo de lo que les sucede a las instituciones cuando falta fiscalización. Si no mejoran los controles, este caso se volverá a repetir, con los mismos funestos resultados.
El hecho de que la mayoría oficialista del senado haya retrocedido en la barbaridad cometida cuando devolvió fueros a senadores previamente desaforados que están siendo investigados por la Fiscalía, puede verse como que enmendaron un error. Sin embargo, una acción que significó el atropello a la Constitución Nacional no debe quedar impune. Los 23 senadores que votaron por devolverle los fueros a Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola, deben ser investigados, pues en un estado de derecho nadie está por encima de la ley.
Hace unos días, fue intervenida una estancia en Fuerte Olimpo, Alto Paraguay, y en el lugar fueron detenidas diez personas de cuyo poder incautaron fusiles AR47 y una avioneta Cessna, además descubrieron una pista clandestina que habría pertenecido a la estructura liderada por el supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y al presunto líder de tráfico de drogas, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Resulta insostenible la falta de control del espacio aéreo nacional, ante la impasividad o complicidad de las autoridades.
Aproximadamente, unos 1.300.000 niños y adolescentes paraguayos retornaron a clases en los establecimientos educativos públicos hace unos días, y el escenario que hallaron muchos de ellos ha sido el de una infraestructura deficiente y precariedades. A pesar de que la Constitución Nacional consagra el derecho a la educación, frente a la realidad a la que asistimos, parecen apenas palabras vacías de significado debido a la ceguera de nuestros líderes políticos para anteponer los intereses de la mayoría y apostar por el presente y el futuro del país.
El acceso de los niños a alimentos adecuados y saludables es esencial para garantizar su bienestar físico, intelectual y social. Los programas de alimentación escolar han formado parte de la política educativa desde hace más de un siglo y permanecen en la actualidad, independientemente del nivel de desarrollo de los países y de los ingresos de los hogares. Pero en todos los países el programa se ha planteado de manera integral y tiene alto consenso social. Paraguay no puede ser una excepción. Los cambios planteados solo generaron conflictividad, a la vez de que no garantizarán mejoras sustanciales.