Y, curiosamente, una promesa que comparada con las de política exterior parecía menos controversial, también ha generado desconcierto. Se trata de la reforma del Estado que el presidente encargó al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por la sigla en inglés) y a su asesor Elon Musk, el hombre más rico del mundo.
DOGE
Por orden ejecutiva del 20 de enero el presidente Donald Trump creó DOGE con el propósito de transformar el Gobierno federal, tornándolo más productivo y eficaz, a través de la modernización tecnológica, desburocratización y racionalización del gasto. La orden establece que el titular de cada agencia federal deberá conformar un equipo con al menos cuatro funcionarios (preferentemente un líder, un ingeniero, un especialista en Recursos Humanos y un abogado) para coordinar la labor de DOGE en la agencia respectiva. La meta cuantitativa es haber identificado y eliminado USD 6,5 billones de malgasto público en un lapso de 18 meses que fenece el 4 de julio de 2026.
Problema
Si hay un punto de consenso en la división política que caracteriza a los Estados Unidos es la relativa ineficiencia del sector público. Días atrás Jamie Dimon, ejecutivo principal de JP Morgan Chase, deseó éxito a DOGE porque el Gobierno es “ineficiente, no muy competente y requiere de mucho trabajo”. La percepción de Wall Street es compartida por la sociedad y el juicio del banquero Dimon refleja la opinión mayoritaria.
Siempre en el plano objetivo; es decir, evitando disquisiciones ideológicas, el Gobierno federal es percibido de esa forma por factores como su tamaño, burocracia, costos, calidad de los servicios públicos que suministra, entre otros. Y dado que el tamaño ideal del Estado se presta a discusiones bizantinas, vamos a los costos donde las cifras de déficit fiscal y endeudamiento revelan ineficiencias.
En efecto, el Estado federal ha gastado más de lo recaudado en los últimos veinte años, acumulando un déficit de USD 1,83 billones al cierre del año fiscal 2024. Durante el presente año fiscal (octubre 2024-enero 2025), el déficit es de USD 840 mil millones, 58% superior en comparación al acumulado en el mismo periodo del año precedente (octubre 2023-enero 2024). La deuda pública al cierre de 2024 alcanzó el monto de USD 35,46 billones o 123% del PIB.
En palabras sencillas, el aumento de las cifras rojas a través de los años significa que al Gobierno federal le resulta cada vez más difícil cubrir sus gastos y realizar inversiones, y que a falta de ingresos genuinos suficientes debe recurrir a operaciones crediticias que incrementan sistemáticamente la deuda soberana. Mientras tanto, en general, la burocracia se expande y encarece los negocios con trámites y costos regulatorios, la infraestructura esencial se estanca o decae y los servicios públicos no satisfacen la expectativa de ciudadanos y empresas de la primera potencia mundial.
Controversias
Pero el consenso sobre el qué se quiebra en el cómo o la forma de encarar la ineficiencia, y el peculiar enfoque de Elon Musk ha generado a un tiempo incertidumbre, resistencia y dudas.
Primero, la incertidumbre comienza en la misma naturaleza de DOGE, que no es una agencia federal sino un órgano consultivo creado por decreto u orden ejecutiva sobre la base de una oficina preexistente (US Digital Service), incapaz de exigir acciones concretas a departamentos federales. De hecho, el decreto de creación prevé que ninguna de sus disposiciones afectará las atribuciones de agencias o reparticiones públicas instituidas por ley (sección 5). En cuanto al rol de Musk, se lo consideraba como administrador de DOGE hasta cuando el martes último la Casa Blanca aclaró que la titularidad correspondía a Amy Gleason, la misma funcionaria a cargo del departamento de Servicios Digitales preexistente. En los papeles, Musk es un colaborador honorario a quien el presidente encarga la supervisión de DOGE, pero en la práctica él personifica y lidera la iniciativa.
Segundo, la resistencia surge ante la especie y la forma de las acciones emprendidas. DOGE ha solicitado acceso a cuentas e información sensible del Tesoro e impulsado el bloqueo de contratos relacionados con diversidad, equidad e inclusión (DEI). También ha iniciado una cruzada contra la agencia de cooperación internacional USAID y otras como la de Protección al Consumidor Financiero (CFPB) creada tras la Crisis Financiera Global, con el objetivo declarado de reformarlas o eliminarlas. En punto al personal de Gobierno, Musk pretende reducirlo significativamente y tanto él como el presidente ratificaron esta intención en la primera reunión de gabinete el pasado 26 de febrero.
Finalmente, el punto más importante refiere a las dudas sobre la efectividad de DOGE. No es claro si las iniciativas de Musk están bien encaminadas hacia el objetivo. Por ejemplo, ¿en qué medida el desmantelamiento de ciertas agencias y programas gubernamentales está justificado y es permanente?, ¿cuál es el porcentaje de ahorro proyectado de los despidos masivos?, ¿se han tomado en cuenta eventuales reveces judiciales y los costos que irrogarían?, además del objetivo cuantitativo en términos de reducción del déficit, ¿cuáles son los objetivos cualitativos y cuantitativos en términos de mejores servicios públicos para los estadounidenses?
Solución
La solución de Musk se enfoca en tres áreas: (1) Disciplina fiscal, con ciertas metas cuantitativas; (2) tecnología de avanzada, especialmente la implantación de nuevos programas informáticos y la cadena de bloques (blockchain) para garantizar la seguridad de las transacciones; y (3) reestructuración o supresión de agencias en procesos como la absorción de USAID por el Departamento de Estado.
Conceptualmente, la fórmula tripartita parece coherente y otra semejante funcionó en la década de 1990 con la Alianza Nacional para Reinventar el Gobierno de Bill Clinton. Como Trump y Musk ahora, Clinton izaba las banderas de disciplina fiscal y modernización tecnológica. En un lapso de 7 años, los recortes alcanzaron a más de cuatrocientos mil puestos en la burocracia y se concretó la migración de servicios públicos esenciales al formato digital, a través de internet. Hacia el final de la Administración Clinton, el Gobierno federal llegó al objetivo del presupuesto equilibrado, registrándose incluso superávits fiscales desde 1998 hasta 2001.
Muchos ya se han manifestado en contra de esa comparación virtuosa propiciada por el propio Musk. Se ha dicho que la iniciativa de los noventa contaba con respaldo bipartidario en el Congreso y que sus ejecutores obraron con moderación, siguiendo un plan bien estructurado durante los dos mandatos de Clinton en la Casa Blanca.
Pero ahora el problema de DOGE no es precisamente su desviación de una fórmula probada o su estilo extravagante, sino la composición y rigidez de las erogaciones. En el año fiscal 2024, los programas gubernamentales que consumieron la mayor proporción del gasto público fueron el seguro médico Medicare (16,3%), seguridad social (15,9%), defensa (14%) y el servicio de la deuda (11,9%).
En otras palabras, la principal fuente de déficit está compuesta por programas sociales tremendamente populares que el presidente prometió no afectar. Y esto combinado con la otra promesa de bajos impuestos significa que el déficit, la deuda y el servicio de la deuda tenderían a incrementarse, salvo que una combinación de reducciones significativas, contraintuitivas e improbables en defensa, un impulso inusitado en la actividad económica y los ahorros generados por Musk puedan cambiar el escenario.
Entonces, la cuestión fiscal sobrepasa las capacidades de DOGE y su solución de fondo depende de dos elementos esenciales: Un consenso político nacional que se traduzca en mayorías legislativas para brindar las herramientas necesarias y que el Ejecutivo esté dispuesto a asumir el costo político coyuntural de revisar los programas sociales. Algo parecido a lo que sucedió en Suecia a principios de los años 90 cuando con base en un gran consenso se optó por la disciplina fiscal a pesar del costo político de revisar programas sociales y se logró reducir tanto el gasto como la deuda pública llevándolos a cifras mejor administrables en los años subsiguientes hasta hoy.
Donde DOGE y Musk sí pueden lograr resultados de mayor impacto es en el achicamiento del Estado, la mejora de servicios públicos y la reorientación de ciertos programas hacia objetivos más rentables para el contribuyente norteamericano. Sin duda, estos resultados pueden ser satisfactorios siempre y cuando se desarrollen con prudencia y respondan a razones de eficiencia, no a sesgos ideológicos.
Porque hemos llegado a un estadio de madurez suficiente para evitar esa “cerrazón mental e institucional” de las ideologías que denuncia el Papa Francisco: El Estado no debe ser fuerte ni débil sino eficiente.
Paraguay
Es sabido que en Paraguay somos adeptos a la disciplina fiscal y hemos logrado una estabilidad macroeconómica a través de los años. Esa disciplina nos define y distingue de vecinos como Argentina, que luego de un extenso lapso de desorden hoy está reencaminándose hacia la responsabilidad con determinación y sacrificio. Ojalá persista.
Dicho ello, y guardando las enormes distancias con la realidad norteamericana, en Paraguay también enfrentamos el problema de eficacia del Estado que Trump y Musk pretenden solucionar. Hasta podría decirse que la sentencia del banquero Dimon es válida aquí donde, en general, el Estado es ineficiente, no muy competente y requiere de mucho trabajo. En igual sentido, la percepción de eficacia del Estado paraguayo medida por el Indicador de Gobernanza del Banco Mundial es baja.
Hasta ahora el déficit fiscal es acotado y el nivel de deuda resulta todavía administrable; en el futuro la baja presión tributaria que ofrecemos como incentivo para la captación de capital puede decantar en el aumento del nivel de deuda más allá de lo razonable y/o la disminución del presupuesto de inversión, al margen de eventuales ahorros por mejoras del gasto público. En algún momento no lejano, estas premisas deben ser revisadas con criterio técnico, en función de un consenso político.
Pero hoy nuestro problema de primer orden no es financiero, sino de debilidad e incapacidad institucional. El Estado continúa albergando instituciones débiles e inficionadas de favoritismo y clientelismo que ofrecen una gestión deficiente y susceptible a intereses políticos coyunturales. Muchas veces hasta existen recursos en el presupuesto, pero falta capacidad para ejecutar los programas. Aquí, yace la causa de las falencias en salud, educación, seguridad jurídica, servicios básicos e infraestructura. Más que en reducir el Estado, nuestra solución radica en continuar el esfuerzo de profesionalización de la función pública: reforzar la puerta de entrada, revisar funciones, incrementar controles, transparentar, exigir y medir resultados. El achicamiento del Estado se concretaría por añadidura.
Como en Estados Unidos, es posible relanzar una instancia de alto nivel con el encargo específico de mejorar la eficiencia del Estado, establecer plazos con objetivos auditables y apuntar a la modernización tecnológica. Esto sería positivo, siempre y cuando prime el criterio técnico, el órgano en cuestión esté blindado de interferencias y las recomendaciones se adopten a través de conductos institucionales como leyes del Congreso, decretos ejecutivos y resoluciones de órganos autónomos establecidos en la Constitución.
Somos un país con finanzas relativamente ordenadas, incentivos para la inversión e importantes recursos para el desarrollo. El eslabón faltante es la solidez institucional y todo esfuerzo responsable para solucionar esa carencia debe también incorporar como objetivo la mejora de eficacia del Estado.
