02 feb. 2025

Efraín Alegre sostiene que es víctima de la mafia y de un fiscal cartista

Efraín Alegre señaló que es imputado por hechos que cometieron otras personas y que esto se debe a un sistema mafioso que controla la Fiscalía General de la República. Mencionó que el fiscal que lo imputó responde al ex presidente de la República Horacio Cartes.

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El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre, se encuentra imputado.

Foto: Andrés Catalán.

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, imputado por el uso de facturas falsificadas, aseguró que no es responsable de la emisión de estas facturas y cuestionó duramente la actuación fiscal.

“Estoy imputado por enviar las facturas al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) del Departamento de Alto Paraná. Quieren imputarme por hechos que cometieron otras personas. Es un operativo de la mafia que cree que me va a hacer callar”, refirió Alegre en conferencia de prensa.

El político liberal comentó que el país está atrapado por un sistema mafioso que ha copado instituciones importantes de la República, no solo en el aspecto político, sino también judicial, informó el periodista de Última Hora Diego Barreto.

“Horacio Manuel Cartes, como lo dice la Justicia brasilera, él es el jefe del crimen organizado transnacional y nosotros sabemos a qué se dedica y sabemos cuáles son y sabemos que controla, por ejemplo: la Fiscalía General del Estado, que controla las mayorías en la Cámara de Diputados y Senadores, con dinero”, acusó.

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Refirió además que la imputación lo realizó “un fiscal que responde a la mafia”. “El fiscal Sánchez, conocido por sus antecedentes de blanquearle a Cartes. Édgar Sánchez, fiscal cartista”, indicó.

Alegre culpó al fiscal de cajonear y esconder el expediente por dos meses. “Hace dos meses que él tiene guardados estos antecedentes, que podía enviarle a la fiscala que dirige la causa, pero se hizo el desentendido y me imputó", señaló.

El presidente del PLRA comentó que las facturas que no serían auténticas fueron verificadas por el Ministerio de Hacienda, que en su momento no detectó ninguna irregularidad y apuntó a que los administradores de campañas electorales son los que se tienen que hacer responsables.

Imputación carece de sustento jurídico

Por su parte, el abogado defensor Guillermo Duarte Cacavelos mencionó que la imputación carece de sustento jurídico y que el fiscal Sánchez tenía conocimiento de que la causa le sería quitada y sería unificada con otras causas que están siendo investigadas en la Unidad de Delitos Económicos.

“El fiscal Édgar Sánchez, desde el 5 en marzo, sabía que está en estudio la acumulación de los diferentes procesos que existen en investigación con respecto a estas facturas no auténticas, que se inició como consecuencia de la denuncia del propio presidente del partido al Ministerio Público y otra del Ministerio de Hacienda”, explicó.

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Agregó que “extrañamente”, sin que exista ningún peligro de mora, aparece una imputación que tiene tan solo dos líneas.

“Con dos líneas simplemente le atribuye e inicia el proceso penal respecto al presidente del Partido Liberal y lo que dice es que el presidente del Partido Liberal firmó una remisión de más de 5.000 facturas al Tribunal Superior de Justicia Electoral”, criticó.

El abogado también cuestionó que el fiscal no explica por qué sospecha que el presidente del Partido Liberal conocía que esas facturas no eran auténticas. “No da un indicio, no existe descripción fáctica, esto parece que se quiso preparar a las apuradas y el día de hoy”, acotó.

Duarte Cacavelos indicó que la Fiscalía no explicó que las facturas fueron presentadas por diferentes personas y que, en todo caso, también debió darse en contra de los ministros de Tribunal Superior de Justicia Electoral que aprobaron la rendición en su momento.

Asimismo, el abogado sostuvo que plantearán los recursos procesales que correspondan para que se rechace este proceso.

Efraín Alegre fue imputado este lunes por los hechos punibles de producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y por uso de documentos públicos de contenido falso.