El Poder Ejecutivo firmó anteayer el Decreto Nº 8535, por el cual se adjudica la concesión de la explotación del juego denominado Apuestas Deportivas, con carácter de exclusividad a la firma Daruma Sam SA. Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) solicitó la cancelación del llamado 4/17 para esa explotación. La normativa determina que el plazo de concesión será de cinco años, con un canon del 21% sobre los ingresos brutos menos los premios.
En el dictamen emitido ayer por la Contraloría también se pide que se revoque la adjudicación 60/17 a efectos de reencauzar los puntos ambiguos insertos a través de la Adenda Nº 1/17. La firma Daruma Sam había sido adjudicada para explotar las apuestas por cinco años, luego de que Conajzar haya descalificado a la oferente Jockey Club del Paraguay.
Cabe señalar que la Contraloría pidió desde un principio a la Conajzar que espere el dictamen, pese a ello se siguió con el proceso e incluso se adjudicó, generándose así un fuerte entredicho entre el Poder Ejecutivo y la Contraloría.
La CGR cuestionó las adendas introducidas por la Conajzar que modificaron el pliego de bases y condiciones (PBC) original. En la primera determinó que se haga un segundo llamado a licitación, en caso de que más adelante se sancione la “ley de juegos de azar y su regulación”, que disponga un punto relacionado con la explotación de apuestas deportivas por más de un concesionario.
IRREGULARIDADES. En el segundo documento se fijó que los oferentes deberán presentar su balance del último ejercicio fiscal en el que se constate que cuenta con un patrimonio de G. 15.000 millones. Este fondo se había solicitado como garantía para el otorgamiento de los premios a favor de los apostadores. Al respecto, las empresas Enfield, Montego Trading y YEM habían denunciado el proceso ante la Contraloría y, sobre la exigencia del patrimonio, indicaron que se trataba de un requisito que solo Daruma Sam iba a cumplir, por lo que señalaron que el llamado estaba direccionado. También objetaron el monopolio que se daría a una sola compañía.
Para la Contraloría, la adenda ha impuesto ambigüedad, puesto que hace abierto al PBC a la aparición de situaciones supeditadas a la ocurrencia de un posible hecho futuro, cuestión que se contrapone a los principios establecidos como básicos en la redacción de un PBC y sus partes, que deben ser claras, precisas y ligadas a hechos reales.
“La Adenda 1 es irregular y grave, por establecer previsiones no contenidas en la Ley N° 1016/97 y por prever el resultado de la futura adjudicación de una licitación pública aún inexistente, basada en la aprobación y promulgación de un proyecto de ley, que a la fecha aún carece de fuerza ejecutoria, como así por vulnerar el Principio de Legalidad del Derecho Administrativo”, señala el dictamen.
En lo que se refiere a la capacidad financiera, el órgano contralor indicó que al hacerse un nuevo llamado, la Conajzar debe exigir como requisito la presentación de un documento bancario que exprese taxativamente los recursos que se disponen para premios.
OBLIGACIÓN DE ACATAR. Ilse González, directora de Contrataciones Públicas de la entidad contralora, aseveró que las recomendaciones de la CGR son de carácter obligatorio, porque así lo dispone la Constitución Nacional. Por tal motivo, insta a las autoridades de la Conajzar a obedecer las disposiciones y a hacer una nueva licitación.
Es importante recordar que, tras las denuncias recibidas, la Contraloría inició la auditoría y pidió a Conajzar que suspenda el proceso antes de la apertura de sobres, hasta que se emita el dictamen respectivo. Sin embargo, esta última decidió seguir con el proceso, se abrieron los sobres y luego decidió conceder la explotación a Daruma Sam.
Consultado al respecto, Javier Balbuena, presidente de Conajzar, manifestó que dará su opinión luego de leer detalladamente el dictamen.
Revés. A criterio de la CGR, Conajzar cometió faltas graves y debe hacer un nuevo llamado.
