El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Hernán Huttemann, explicó a Última Hora que el Congreso envió recién al mediodía del martes el proyecto de ley que pretende blindar la declaración jurada de bienes.
Indicó que a partir de ahora se va a realizar un análisis del documento sancionado hace dos semanas en el Congreso Nacional.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tiene reglamentariamente un plazo de 6 días para definir si acepta, veta total o parcialmente la propuesta.
A pesar de que el presidente del Congreso demoró más de lo habitual en remitir el documento al Ejecutivo, porque estaba de viaje, el presidente Mario Abdo Benítez y sus asesores tuvieron suficiente tiempo para sentar una postura política al respecto.
Son varias la organizaciones políticas y sociales que exigen al mandatario el veto de la propuesta legislativa.
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En junio del 2020, Mario Abdo Benítez ya había vetado un proyecto similar que proponía que los datos falsos que sean hallados en las declaraciones sobre los bienes de todos los funcionarios, incluyendo altas autoridades, sean considerados errores administrativos y, por tanto, queden despenalizados.
Abdo Benítez, en aquella ocasión, incluso había anticipado su posición.
El secretario general del Congreso, Antonio Sánchez, explicó que la dilación para remitir la propuesta al Ejecutivo se dio principalmente debido a que el presidente del Senado, Óscar Cachito Salomón, realizó un viaje al exterior y se esperó a que retorne para firmar.
Polémico proyecto
La propuesta, que fue sancionada por el Congreso Nacional el pasado jueves 12 de mayo, pretende despenalizar el ocultamiento de bienes, mientras que los cartistas aseguran que esto solo pretende que no se sancione a los olvidadizos.
Se trata de la normativa ”que modifica los artículos 1, 3, 4, 7, 13, 14, 16 y 21 de la Ley 5033/13 ‘que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos y deroga la Ley 6355/19'”.
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Una propuesta original fue presentada por la Contraloría General de la República en la Cámara de Diputados, donde se realizaron algunas modificaciones y fue remitida al Senado. En este segundo espacio se consignó la controversial modificación que permite dejar sin sanciones a quienes omiten bienes en su declaración jurada.
Distintos gremios industriales y de la producción se pronunciaron contra la ley y aseguraron que esto será una puerta “a la impunidad, corrupción, facilita el lavado de dinero y va contra la transparencia”. Hicieron un llamado a las instituciones a que verifiquen el contenido del documento “para no ser cómplices o encubridores”.