Mediante el Decreto 8027, el Poder Ejecutivo dio luz verde a los trámites para el dictamen de Derechos Humanos del 22 de marzo de 2012, en el marco de la comunicación Nº 1828/2008, sin perjuicio de la necesidad de aprobación de las demás medidas de reparación por parte de los representantes de los órganos con autonomía.
Fue designado la vicepresidencia de la República, en su carácter de presidente de la Comisión Interinstitucional Ejecutiva, responsable de la ejecución de acciones necesarias para el cumplimiento de sentencias, recomendaciones, solicitudes y otros compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos. Suscribirá en representación del Poder Ejecutivo el acuerdo sobre medidas de reparación de la comunicación 1828/2008.
Igualmente, el Poder Ejecutivo dispuso que el Ministerio de Hacienda incluya las partidas presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a la cláusula.
caso emblemático. Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), explicó que el caso tiene relación con la muerte de Eulalio Blanco, dirigente campesino que murió en el contexto en una manifestación de cedroneros en la localidad de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.
Los familiares del dirigente recurrieron ante el Comité de DDHH de las Naciones Unidas, debido a que la justicia dejó en la impunidad el crimen, ya que se habla de ejecución por parte de la policía en el 2003.
Este organismo concluyó que el Estado paraguayo incumplió su obligación de investigar y recomendó medidas de reparación a favor de los familiares de la víctima. Se discutió con las instancias del Gobierno y se llegó a un acuerdo mediante una reparación económica. Uno de los compromisos es que la Justicia debe reabrir la investigación del caso. Otro tema es la obligación del Estado de legislar sobre ejecuciones arbitrarias a fin de que se puedan brindar garantías y evitar que se repitan otros casos en el país.
