Esta iniciativa, que tiene la oposición de los sindicatos de las instituciones públicas, trae una serie de cambios, entre los que se pueden citar el reconocimiento de la estabilidad laboral recién a los cuatro años de haber ingresado a la Función Pública, y no a los dos años como está estipulado actualmente.
La única vía de ingreso a la Función Pública será el concurso y a los cuatro años de haber ingresado, el funcionario debe someterse a una evaluación de desempeño para seguir en el cargo.
Velázquez explicó que la normativa tiene el propósito de lograr una mayor eficiencia y calidad en los servicios y mejoras en el gasto público.
“Con éste proyecto se pretende buscar la incorporación y ascenso de funcionarios a través de concursos; se limita a los ministros o directores de entes, para que solamente puedan disponer de cuatro lugares como cargos de confianza”, detalló Velázquez, quien se reunió ayer con el titular de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, para hacer entrega del documento.
El proyecto establece la creación de varias instituciones que velarán por la Función Pública y la capacitación de los funcionarios, como la Subsecretaría de Estado de la Función Pública (Ssefp), dependiente del Ministerio de Hacienda, como unidad central normativa y técnica en materia de Función Pública y el Fondo Nacional de Capacitación.
Se establecen límites para la contratación de funcionarios, hasta un máximo de tres personales asignados al despacho de las máximas autoridades de cada institución y, hasta un máximo de dos para cada una de las autoridades con rango de viceministro del Poder Ejecutivo. Esta misma disposición se plantea para los legisladores, ya que cada uno podrá contratar hasta tres personas. Una vez que culmine el periodo de cada autoridad, el contrato queda sin efecto.
Así también, el proyecto habla de un sistema salarial global y que nadie podrá ganar más que el presidente de la República.
La carga horaria será de 40 horas semanales y se establece el teletrabajo como una de las modalidades. En este proyecto no están incluidos los funcionarios de las binacionales. Velázquez explicó que el régimen laboral de las hidroeléctricas está incluido en los tratados internacionales y consignadas en notas reversales, que requieren necesariamente un previo acuerdo bilateral para establecer las reformas salariales.
