La medida legislativa había contemplado la prohibición de utilizar o proveer a terceros datos crediticios de las personas como referencia para el acceso al empleo.
Mario Abdo decidió objetar algunos puntos y devolver el proyecto a la Cámara de Diputados para tomar una determinación considerando las recomendaciones del Ejecutivo.
Entre los puntos mencionados por el presidente de la República y su equipo de asesores señalan que los artículos 9 y 17 deben ser objetados porque la conservación de los datos del titular (persona física o jurídica, cuyos datos son objeto de tratamiento), es esencial y sirve de base al sistema financiero y en general a todos los proveedores de bienes y servicios sujetos a financiación para determinar el riesgo de cada sujeto de crédito.
El Ejecutivo recalcó que es importante destacar que a esta información solo se puede acceder con fines crediticios.
“Para los casos en los que no se cumpla aquella regla no es acertado, en absoluto, borrar los datos del buró de crédito, ya que evitará que se generen datos estadísticos, lo que constituye uno de los objetivos de la ley. Una debilidad del mercado local, constituye la falta de estadísticas”, argumentó el presidente en el decreto.
