Moreno explicó que actualmente las instituciones deben primero individualizar a los autores para poder iniciar un sumario sobre un determinado hecho.
“Con gente de distintas áreas estamos trabajando en un sistema más moderno. El sumario como está planteado hoy en día significa acusar primero a alguien para luego indagar un hecho”, expresó el procurador general.
“Queremos poder averiguar primero los hechos para luego sindicar responsables. Se respetará el principio del sumario. Necesitamos una flexibilidad en la etapa de la investigación”, añadió Moreno.
Por su parte, el asesor jurídico de la Presidencia, Sergio Godoy, comentó que actualmente el procedimiento de sumario no sirve para dilucidar los distintos casos que se presentan en los entes públicos.
“Nuestra reglamentación fue concebida como el Código Civil, hay que individualizar el actor”, mencionó Godoy.
ACCIONARÁN. Tanto Moreno como Godoy señalaron que una resolución firme en el ámbito administrativo es suficiente para entablar una demanda civil a un funcionario que generó un perjuicio económico al Estado, para que el Gobierno pueda recuperar el dinero perdido.
“No hace falta la implicancia penal del funcionario para poder demandarlo. Se puede repetir lo pagado a través de un sumario administrativo. Pero recién cuando haya una resolución firme se puede iniciar la demanda”, indicó el asesor jurídico del Poder Ejecutivo.
“Se tienen dos caminos: cuando empiecen venir resultados de auditoría (en entidades públicas) vamos analizar primero la parte administrativa, luego implicancia penal. La gente espera resultados y es engorroso demostrar la culpabilidad en lo penal”, agregó Godoy.
Por su parte, el procurador agregó que, eventualmente, se deberá esperar una resolución del Tribunal de Cuentas, en los casos en donde los sumariados apelen ante la Justicia.
“Para que se pueda demandar necesitamos un sumario que diga que el funcionario cometió tal hecho y por eso se incurrió en un daño al patrimonio del Estado. Tiene que estar firme la falta administrativa”, declaró.
En ese sentido, recordó que los funcionarios públicos tienen tres tipos de responsabilidades: la administrativa, la penal y en última instancia la responsabilidad civil.
De igual manera, la Procuraduría anunció que promoverá demandas civiles a los funcionarios que hayan sido encontrados culpables, ya en el ámbito penal, de generar un perjuicio al Estado.
Por este motivo Moreno y Godoy se reunieron días atrás con el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y la asesora jurídica del Ministerio Público, Patricia Rivarola.
El fiscal general se comprometió a entregar a la Procuraduría General de la República una lista de todas las causas en las que la Fiscalía registró que hubo un perjuicio al Estado ocasionado por un funcionario.
El procurador Moreno ya aclaró que este tipo de demandas del Estado a funcionarios corruptos están contempladas tanto en la Constitución Nacional como en la Ley de la Función Pública.