“Acabamos de culminar una reunión en la que hicimos la presentación del proyecto de ley que crea la Secretaría Nacional de Integridad y Transparencia. Es una iniciativa del Poder Ejecutivo a la que se va dar entrada hoy ante el Congreso Nacional”, sostuvo el jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Hernán Hutteman.
El secretario de Estado refirió que si el proyecto de ley se sanciona en el Congreso y es promulgado por el Poder Ejecutivo, por primera vez tendremos un órgano promotor de políticas públicas en integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.
“Contamos con la Secretaría Nacional Anticorrupción, que es un órgano dependiente de la Presidencia de la República, pero cuya estructura orgánica se concibió a partir de un decreto del Poder Ejecutivo del año 2012. Si es que el proyecto se sanciona en el Congreso y se promulga por el Ejecutivo, por primera vez vamos a contar con una secretaría que sea un órgano promotor de políticas públicas en materia de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción”, explicó.
“Con esto estamos dando cumplimiento a varios compromisos internacionales que el Estado paraguayo asumió ya en el año 1996, con la Convención Interamericana de Lucha Anticorrupción y también con la Convención de las Naciones Unidas, que se aprobó por ley en el año 2005”, añadió.
Indicó que “la regulación de esta Secretaría Anticorrupción estaba dada por un decreto, si esto se aprueba va a ser a través de una ley, lo cual demuestra la voluntad política del Poder Ejecutivo de dar estabilidad a un órgano fundamental, para avanzar en la lucha contra un flagelo o un fenómeno multicausal y complejo como es la corrupción”.
Debilidad. Por su parte, el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, Federico Hetter, explicó que la debilidad institucional de la dependencia a su cargo se debe a que tiene como base dos decretos presidenciales.
“Hasta el día de la fecha, la Secretaría Nacional Anticorrupción tiene como base normativa, dos decretos presidenciales. Esto genera una debilidad institucional, dada la facilidad con la que se pueden modificar los decretos presidenciales. Por otra parte, lo que va a propiciar la vigencia de este proyecto de ley que estaremos presentando es el cumplimiento o compromisos asumidos por el Estado paraguayo en materia del combate contra la corrupción”, mencionó.