El Poder Ejecutivo presentó ayer oficialmente al Congreso el proyecto de ley de reforma tributaria, tras una larga discusión de casi seis meses con representantes del sector privado en la Comisión Técnica Económica Tributaria.
El encargado de presentar la propuesta fue el ministro de Hacienda y jefe del Equipo Económico, Benigno López, quien estuvo acompañado por las principales autoridades de la cartera.
De acuerdo con el mensaje del documento, con este proyecto se responde a los objetivos de modernización y simplificación del régimen impositivo, a fin de hacerlo más eficiente, justo y equitativo, al tiempo de resolver las debilidades del sistema actual. Asimismo, el Ejecutivo aclara que no persigue una suba indiscriminada de las tasas impositivas, sino una justicia en cuestiones de aporte.
Polémico. El proyecto de reforma establece la vigencia de seis impuestos: el impuesto a la renta empresarial (IRE), que unifica al Iragro con el Iracis en una tasa del 10%; el impuesto a los dividendos y utilidades (IDU) con una tasa del 8% y 15% para remesas; impuesto a la renta personal (IRP) con tasas progresivas del 8 al 10%; impuesto a la renta de no residentes (IRNR) con tasa del 15%; impuesto al valor agregado (IVA) con tasas del 5 y 10%; y finalmente el impuesto selectivo al consumo (ISC) con tasas del 1 al 50%.
Si bien hubo discrepancias con el sector privado en cuanto al IRP y la creación del IDU, el conflicto central pasó por el reajuste de tasas en el ISC. En ese sentido, el empresariado solicitó al Fisco mantener los aranceles vigentes y aplicar reajustes mínimos solo a bebidas azucaradas y alcohólicas; sin embargo, el proyecto presentado ayer fija subas del 5 al 20% (ver infografía).
El titular de la Cámara de Comercio y Servicios del Paraguay, Beltrán Macchi, reiteró ayer que el sector privado no está de acuerdo con los reajustes planteados por el Gobierno, atendiendo la coyuntura actual y el temor de que eso genere mayor contrabando. Los importadores de autos usados también se habían manifestado en rechazo a la creación de un tributo para el sector, pero el Gobierno decidió finalmente excluirlos del proyecto, al igual que a las motos.
Gancheros, recicladores y campesinos también cuestionaron y rechazaron la propuesta de aplicar retenciones del 3% a los trabajadores más humildes.
El Gobierno había anunciado la firma de un gran pacto con el sector privado que acompañaría al proyecto. No obstante, este acuerdo finalmente no se dio.