El Poder Ejecutivo anunció ayer en conferencia de prensa la promulgación de la Ley de Compras Públicas. El evento estuvo liderado por el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Carlos César Trapani; y el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas.
Esta normativa, que había sido sancionada por el Congreso a fines de octubre en segunda vuelta, busca después de casi 20 años transformar el sistema de contrataciones y mejorar el gasto del Estado en la adquisición de bienes y servicios.
El jefe del Equipo Económico resaltó que los puntos centrales de esta nueva legislación son la previsión de proyectos de interés para la compra estratégica y la priorización de las pequeñas y medianas empresas en los procesos de licitación nacional.
Recordó que esta administración encargó a la cartera fiscal liderar una agenda de reformas enmarcadas en dos grandes sectores: el ingreso y el gasto público.
En ese sentido, de acuerdo con las estimaciones oficiales, la Ley de Compras Públicas tiene como objetivo generar un ahorro en las contrataciones por valor de USD 270 millones en los primeros cinco años de su implementación, recursos que podrían ser redireccionados o reasignados a mayor inversión y gastos sociales.
Prohibiciones. Otra de las principales innovaciones de la nueva normativa es que personas inhabilitadas por el ente regulador ya no podrán crear nuevas empresas para seguir proveyendo al Estado.
Además, autoridades de alta conducción política no podrán ser proveedores del Estado. Esto aplica al presidente de la República, vicepresidente, legisladores, ministros de la Corte y TSJE, ministros y viceministros del Ejecutivo, el fiscal general, los intendentes, gobernadores y miembros de juntas municipales o departamentales, entre otros. Esta misma restricción se establece para sus cónyuges, concubinos y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad.
La legislación crea el Sistema Nacional de Suministro Público donde se establecen y ordenan las etapas de cadena integrada, dando un fuerte énfasis a la planificación previa y cuya rectoría recae en el Ministerio de Hacienda. Asimismo, integra la fase de evaluación de la compra como mecanismo.
Además, incorporan conceptos innovadores como el valor por dinero, la economía de escala, la participación ciudadana y se fortalece la transparencia.
La titular de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), Viviana Casco, señaló que con esta herramienta se fortalecerá la economía con la compra a grupos de interés vulnerables o de población específica, como los pueblos originarios.
Tras la promulgación de esta legislación, el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 120 días para emitir la reglamentación.
270 millones de dólares es lo que el Estado podría ahorrar con la nueva normativa en los próximos cinco años.
Apoyo de EEUU
La Embajada de EEUU tuiteó ayer expresiones respecto de la promulgación de la nueva Ley de Suministro y Contrataciones Públicas: “Aplaudimos la promulgación de la nueva (...) que dará más participación a las #MIPYMES, permitiendo al Gob. paraguayo adquirir bienes y servicios de mejor calidad, con mayores controles para el combate a la corrupción”, expresa el posteo de la institución.