Se trata de la Ley 6725/2021 que crea un Fondo Nacional para la cobertura de gastos durante la hospitalización en UTI de personas con Covid-19 en los sectores públicos, privados y previsionales.
La iniciativa garantiza la cobertura del 100% para pacientes con Covid-19 e incluye la adquisición de medicamentos, estudios e insumos.
La ley tendrá que ser reglamentada en un plazo máximo de siete días. Además, para su aplicación se cuenta con un financiamiento de USD 32 millones, provenientes de saldos no ejecutados de la Ley de Emergencia Sanitaria del Covid-19.
Asimismo, la normativa autoriza al Ejecutivo la utilización de los fondos socioambientales de las binacionales Itaipú y Yacyretá para cubrir los gastos.
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Entre otras cosas, se establece que en caso de que el hospital no cuente con lo necesario, la medicación será retirada de una farmacia privada, o los estudios realizados en un centro privado, para luego ser abonados por el Ministerio de Salud o IPS.
La medida fue aprobada por el Congreso la semana pasada, ante las denuncias de los familiares de pacientes que deben deambular en busca de medicamentos o apelar a la solidaridad para cubrir los gastos de internación, por deficiencias en los hospitales públicos.
La senadora Esperanza Martínez celebró la promulgación de la normativa a través de su cuenta de Twitter y destacó que el Frente Guasu participó activamente en la propuesta.
“Esperamos contribuya a salvar vidas y así aliviar la catastrófica situación económica de las familias que están enfrentando gastos de pacientes en UTI. Ahora a urgir la reglamentación”, publicó.