Mediante el decreto 6581 emitido este martes, el Poder Ejecutivo reglamentó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2022, según dio a conocer el Ministerio de Hacienda a través de Twitter. De esta manera, se pone en marcha el 100% del PGN 2022.
Según la cartera de Hacienda, la reglamentación contiene lineamientos para el uso “prudente y racional” de los fondos del Estado. Pese a las constantes denuncias anuales del mal manejo de los recursos y de los privilegios con los que siguen contando las altas autoridades, el Gobierno alega que “mantiene medidas de austeridad fiscal, muchas de las cuales se vienen implementando desde años anteriores”.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEntre las medidas que mantuvo el Ejecutivo para la ejecución del PGN 2022 están restricciones para el aumento salarial, a excepción de los salarios de funcionarios permanentes que hayan sido incorporados por concurso público.
Además, también están exceptuados los miembros del Poder Legislativo y el Poder Judicial, por lo que podrán seguir promoviendo y contratando a sus parientes, familiares y amigos, sin necesidad de pasar por el proceso de concurso público. También podrán seguir contando con servicios de internet y vales de combustible mensuales a disposición.
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No obstante, entre las prohibiciones se pueden citar el caso de los cupos de combustibles para otras autoridades, que finalmente solo está restringido en caso de que no sea para realizar algún trabajo relacionado al cargo, así como la compra de alimentos, que tiene excepción cuando estén destinados “a servicios de salud, obreros, eventos con participación extranjera, entre otros previstos en la norma”.
Debido a que prosigue la pandemia del Covid-19, se mantuvieron los mecanismos de contratación para el personal del blanco, así como para los establecimientos penitenciarios, ya que se extendió la emergencia penitenciaria declarada por ley.
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Por otra parte, se estableció también mayor control para el uso de los fondos transferidos a las ONG, las cuales deberán usar el 90% de los recursos transferidos por el Estado para gastos misionales y solo el 10% para cuestiones administrativas.
El PGN es una normativa con la cual se delinean las políticas de administración presupuestaria y financiera para el control del gasto público y la rendición de cuentas, que se financia en un 50% con Fuente 30, por el cobro de tasas; en un 34% con Fuente 10, por impuestos; y en 16% con Fuente 20, endeudamiento.
