La titular del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Gail González, se reunió con el presidente de la República en Palacio de Gobierno.
“Ya preparamos todo y justo vino el receso parlamentario y eso nos dejó esperando, pero ya estamos trabajando para poder presentar”, explicó González.
La idea es impulsar el proyecto de ley que plantea la expropiación de 800 hectáreas sin bosque.
“Es una solución más inmediata. Ellos quieren más (por el grupo de campesinos). Quieren todo. Es lo que tenemos ahora; justamente por el impedimento legal de la Ley de Deforestación Cero”, argumentó la presidenta del Indert.
A principios de enero de este año, el presidente Mario Abdo había vetado completamente el proyecto de ley sancionado en el Congreso justamente porque la medida entraba en contradicción a lo que establece la Ley de Deforestación Cero.
La propuesta impulsada originalmente por los legisladores planteaba la expropiación de 1.700 hectáreas para convertir en un asentamiento campesino.
Tras el veto presidencial, el Ejecutivo anunció la presentación del proyecto de expropiación de 806 hectáreas en el área no boscosa de la Reserva Ybyrá.
El Indert se hará cargo del loteamiento conforme a un censo real y en el terreno, para identificar a todas las familias beneficiadas.
La propuesta es acompañar la transferencia de los inmuebles con la construcción de casas a cargo del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), la implementación de proyectos de producción campesina a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la provisión de energía eléctrica a la comunidad por parte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
MASACRE. Las tierras de Marina Cué fueron testigos de la masacre que hubo en el 2012 luego del enfrentamiento que terminó con la muerte de campesinos y policías. Este episodio le costó el cargo al ex presidente Fernando Lugo sometido al juicio político.
Los campesinos se encuentran decepcionados y heridos tras vetarse el proyecto de transferencia de tierras. Aseguran que los pobladores temen que ante la falta de regularización de la tierra se pueda dar un nuevo desalojo.
Los campesinos creen que hay una mano negra detrás y que motivó a que el presidente de la República haya terminado vetando sin realizar ninguna consulta al sector. Sostienen que hay un conflicto jurídico y político a partir de lo ocurrido con el gobierno de Lugo.