Juan Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, argumentó ayer durante una rueda de prensa introducida por el canciller nacional, Federico González, que existe pie de igualdad entre los Estados condóminos de las hidroeléctricas, Itaipú y Yacyretá (Brasil y Argentina). Por lo que una decisión jurídica unilateral implicaría automáticamente facultar a la otra parte a hacer lo mismo. Y si esta fuera la situación, sin diferenciar que el gasto sea socioambiental o el de mantenimiento de la turbina.
Villamayor resaltó que la estructura jurídica vigente, que ubica a los tratados internacionales en lugar preponderante inmediatamente posterior a la Constitución Nacional y por encima de las leyes de la República, obliga a reconocer un pie de igualdad entre las partes sobre los componentes de los Anexos A y C de Itaipú, que hacen al sistema de organización, a los gastos de mantenimiento, entre ellos los socioambientales, así como inversiones necesarias. El veto, según Villamayor, no implica, no reconocer que existe una gran preocupación por parte de la sociedad respecto a la discrecionalidad y a la transparencia, sobre el manejo de los gastos socioambientales. Tampoco obstaculizar el proceso de acceso a la información por parte de la ciudadanía sobre el modo en que se toman las decisiones sobre los recursos que generan las hidroeléctricas.
Insistió en que la falta de respeto a la estructura jurídica por cualquiera de las partes contratantes autoriza a la otra parte a un criterio de acción similar “y entonces perderíamos el concepto esencial de entidad binacional que ha sido creado para que ninguno de los sectores tenga una influencia directa”.
Como alternativa a la ley vetada y para garantizar la transparencia, habló de fortalecer una estructura presupuestaria que permita a cada unidad que vaya a recibir beneficio por parte de los saldos no comprometidos en el marco de los fondos socioambientales, utilizar acuerdos, garantizar el control por parte de la Contraloría, el sistema licitatorio, en el caso de que existan los acuerdos entre la entidad binacional y la unidad beneficiada, y garantizar la participación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, también convocado para la reunión de prensa, indicó que la institución a su cargo trabaja en una estructura jurídica para permitir que las inversiones y los gastos realizados por las binacionales se incorporen por medio de firmas de convenios de cooperación con los organismos de Estado y de esta forma serán agregados al Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN).
De este modo, los organismos del Estado los que ejecuten estos recursos, dentro de lo establecido en sus presupuestos y con todos los procesos requeridos por Contrataciones y los organismos de control, precisó. El uso de tales recursos estará limitado a lo que se establezca dentro de los convenios que deben fijar explícitamente la cantidad de bienes y servicios que serán provistos a cada uno de los organismos del Estado, “quienes lo ejecutarán dentro de lo que establezcan sus presupuestos y conforme con las disposiciones legales”, aclaró Llamosas.
Más de USD 80 millones de las binaciones se destinaron al mejoramiento del sistema de salud y la lucha contra el coronavirus, y otros USD 85 millones a obras de infraestructura y al sistema eléctrico.
El veto no implica no reconocer que existe una gran preocupación con respecto a la discrecionalidad. Juan Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete Civil.
Los organismos del Estado serán los que ejecuten estos recursos, dentro de lo establecido en sus presupuestos. Óscar Llamosas, ministro de Hacienda.
