Los principales diarios y canales de televisión se hicieron eco de dos, al menos dudosas, licitaciones que lleva adelante la cartera fiscal en este último tramo de la administración de Mario Abdo Benítez al frente del Ejecutivo.
Según viene publicando este diario, el primero de ellos tiene que ver con el concurso interno para la ocupación de 33 puestos de alta gerencia.
De acuerdo con los datos ya divulgados, se trata de un proceso de promoción jerárquica para la ocupación de 29 jefaturas y 4 coordinaciones, en 11 departamentos o secciones diferentes.
Para los cargos de jefe de departamento se prevé un salario básico de G. 9.500.000; mientras que para los de coordinador se plantea un salario básico de G. 10.300.000. A estos hay que sumarle el beneficio adicional que es abonado por el Estado por responsabilidad en el cargo, que puede llegar a los G. 2.850.000 y a los G. 3.090.000, respectivamente.
Aquí, el aspecto que se cuestiona tiene que ver con las exigencias. Es que la cartera exige a las personas interesadas en concursar contar con experiencias anteriores como jefes o como encargados de puestos de decisión para postularse, lo que deja prácticamente sin chance a funcionarios de menores rangos y allana el camino para aquellos que fueron designados, sin concurso previo, como jefes o coordinadores de forma interina.
El segundo proceso está relacionado al seguro médico y funerario para su plantel. Se trata de una licitación por valor de G. 62.572 millones (USD 8,7 millones al cambio actual) que fue adjudicada al Consorcio Salud SD, la mayor parte; y al Grupo Proinsa SA, la menor parte.
En este caso, las publicaciones hablan de que en el pliego de bases y condiciones se disminuyó el nivel de experiencia y solvencia requerido de modo a demostrar la capacidad para prestar el servicio. Asimismo, señalan que el Consorcio Salud SD cuenta con varias sanciones por proporcionar información falsa en licitaciones anteriores y no presentó el registro de categorización de hospitales brindada por la Superintendencia de Salud, incluyendo incluso dentro de su oferta inicial a algunos centros que tienen el trámite vencido.
Por estas anomalías, denunciadas por otra de las empresas concursantes, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), mediante una resolución, resolvió anular esta adjudicación, retrotrayendo el proceso a la etapa de evaluación de las ofertas (publicaciones realizadas en la edición impresa del Última Hora los días 12, 13 y 14 de marzo).
En tiempos donde se aproximan unas nuevas elecciones generales, hay que mirar con lupa y paciencia estos procesos.
El Ministerio de Hacienda, como institución encargada de la recaudación de los impuestos internos y como principal ordenador de gastos, debería ser el ejemplo de transparencia en la utilización de los recursos públicos y en las contrataciones de bienes y servicios, en medio de cada vez más podredumbre institucional en lo que se refiere a la ejecución de políticas públicas que tengan como principal objetivo mejorar la calidad de vida de la gente o garantizar bienestar.
Asimismo, como cartera que lidera el Equipo Económico Nacional y que se encarga de la formulación de planes o programas tendientes, principalmente, a que la expansión del producto interno bruto (PIB) tenga un efecto rebote en los sectores más carenciados, la ciudadanía espera que el Ministerio de Hacienda sea un sinónimo de compromiso, rigurosidad e integridad en cualquier proceso de contratación.
La institución que además tiene a su cargo al Tesoro Público está a tiempo de corregir cualquier anomalía que ponga en duda, aunque sea mínimamente, estas dos contrataciones.
En días cada vez más inciertos para la gente, con el humor social convertido en una verdadera olla a presión, son muy importantes las señales que puedan brindar los representantes económicos del Estado paraguayo.
El gasto público no puede seguir creciendo de forma desordenada y sin garantías de transparencia ni austeridad.
