Independencia judicial es la premisa de la que parte una importante normativa que rige a los magistrados en el Poder Judicial. Este principio, garantizado en la Constitución Nacional, fue desarrollado mediante un Código de Ética por parte del Sistema de Ética Judicial, con el fin de que el juez esté ajeno a cualquier injerencia política. Sin embargo, en la práctica, se dan diversas incoherencias que socavan esta prohibición y se reflejan en un hecho clave: la afiliación partidaria.
La norma restringe a jueces y juezas de afiliarse a un partido político y de participar de cualquier actividad partidaria, mientras duren sus funciones. No obstante, esto no se cumple.
Una investigación del diario Última Hora revela que del total de 754 jueces, 326 están afiliados a la Asociación Nacional Republicana (ANR), lo que representa más del 43% de la totalidad.
Esta información es el resultado del cruzamiento de datos del padrón de la ANR depurado para las elecciones internas del 18 de diciembre, con la nómina de magistrados y funcionarios del Poder Judicial actualizada a abril de este año.
El análisis se basa en la totalidad de jueces del sistema de Justicia, sin incluir a los miembros de tribunales.
Se hallaron además 54 jueces con doble afiliación, es decir, afiliados a otros partidos además de la ANR.
EL CÓDIGO. El artículo 10 del Código de Ética Judicial expresa que “es deber de todos los jueces y juezas abstenerse de realizar cualquier actividad político-partidaria, como ocupar cargos en los partidos políticos, asistir a locales partidarios, participar en actos político-partidarios, públicos o privados, ni siquiera como espectadores, salvo que lo impusiere el ejercicio de su función jurisdiccional. No podrá votar ni participar de ninguna manera en elecciones partidarias y tampoco manifestar públicamente sus preferencias político-partidarias. En el supuesto de que el juez esté afiliado a un partido político, deberá pedir la suspensión de la afiliación mientras permanezca en el cargo judicial”.
Las cifras demuestran que los jueces no han cumplido con esta normativa no solo por el hecho de estar afiliados, sino porque continúan en el padrón partidario cuando es claro que deben solicitar su desafiliación, según el artículo 10.
También la Ley N° 879 del Código de Organización Judicial establece prohibiciones a funcionarios y jueces de participar de actividades políticas, en su artículo 238. Se prohíbe “ejercer otra función pública, profesión, comercio o industria, directa o indirectamente, salvo la docencia, cuyo ejercicio será reglado por la Corte Suprema de Justicia, ni participar en actividades políticas”.
En el 2006, la Corte Suprema de Justicia, a través de su Oficina de Ética Judicial, emitió una circular dirigida a los magistrados en general, que solicitaba la suspensión de sus afiliaciones y daba un plazo máximo hasta el 30 de junio de ese año. “Sobre la solicitud de suspensión de la afiliación partidaria, el artículo 66 del Código de Ética establece como plazo máximo el 30 de junio de 2006”, indica.
LEGITIMIDAD. La prohibición de toda afiliación política es propia de Paraguay y de muchos otros países en el mundo; sin embargo, varias naciones, como Alemania, permiten a sus jueces contar con preferencias partidarias. Existen diversas discusiones sobre el punto, con referencia a si es o no correcta la prohibición, pero mientras tanto, la normativa en Paraguay está vigente.
HEGEMONÍA COLORADA. Las cifras que demuestran que cerca del 50% de magistrados están ligados al Partido Colorado ponen de manifiesto el nexo de esta nucleación con el Poder Judicial y su fuerza no solo política.
El actual ministro Alberto Martínez Simón, vicepresidente primero de la Corte Suprema, expresaba en la revista Ética Judicial del Paraguay, del Centro de Estudios Judiciales, la relevancia de mantener la independencia judicial como un derecho ciudadano muy reclamado.
“En cada campaña electoral en la que periódicamente se embarcan los políticos para los diferentes cargos electivos nacionales, en cada postulación de abogados al Consejo de la Magistratura para ocupar el cargo de consejero, en cada discurso que cualquiera de aquellos haga durante la campaña proselitista o dentro del discurso que –por cualquier motivo– haga alguno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia en las más diversas ocasiones, surge el recurrente tema de la independencia judicial como tópico casi obligado”, alude el ministro.
Indica que existen promesas de políticos para lograr esta independencia, pero la realidad muestra que no existe y que la ciudadanía perdió la confianza en este poder del Estado.
ACUDIERON A VOTAR. Los jueces del sistema de Justicia, como demuestra la investigación, no solamente mantienen su afiliación partidaria sobrepasando el Código de Ética Judicial, sino que acudieron a votar en varias elecciones internas, confirmando su relación, en este caso, con el Partido Colorado. Mañana serán publicados en este diario los datos de jueces que ejercieron el voto en la última interna, realizada el 20 de junio de 2021, con miras a las elecciones municipales que se realizaron el 10 de octubre de ese año.
- 326 jueces, de un total de 754 del sistema de Justicia, están afiliados a la ANR, lo que representa casi la mitad.
- 54 jueces del total de vinculados a ANR, tienen doble afiliación, es decir, están afiliados a otro partido.
