El aborto es un tema que confronta a la mayoría de las sociedades de un modo casi irreconciliable. Mucho de esta situación se debe a encuadres ideológicos que devienen de dogmas religiosos, doctrinas políticas o esencialismos existenciales. Sin embargo, hay Estados autodefinidos laicos que emplearon esta necesaria autonomía para definir la despenalización de esa práctica.
La preeminencia del moralismo religioso sobre las autoridades que legislan en países occidentales como Paraguay es la que produce normativas como la Ley 1160/97, que establece una serie de condenas en torno a la práctica del aborto, tanto para la mujer afectada como para quienes intervienen en el proceso.
Sin embargo, la aplicación de la misma es ínfima, evidenciando la hipocresía que cabalga en todos los estratos. En las cárceles del país el número de mujeres que interrumpieron un embarazo es ínfimo. Sin embargo, los índices de aborto superan ampliamente estos volúmenes –registros y subregistros– sin incluir a quienes fallecieron por haber sido intervenidas en condiciones insalubres y sin control.
Poniendo en la balanza los hechos, hallamos que la ley está solo para aparentar y calmar la conciencia de quienes promueven campañas en contra. La realidad demuestra que el hecho es cotidiano y que lo único que se logra es que ocurra clandestinamente, abonando el terreno para que más mujeres mueran o queden dañadas por mala praxis.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEntre las chicas de 10 y 19 años de edad se registra el mayor nivel de aborto. Embarazos intervenidos, productos de diversas circunstancias, entre ellas paternidad irresponsable, honor familiar y abusos sexuales pintan un panorama que desnuda una realidad mucho más cruda. Que la ley no impide que las mujeres aborten.
Pobres y ricas lo hacen clandestinamente. La diferencia es que las últimas concurren a clínicas equipadas y en condiciones salubres, a alto costo económico, pero con seguridad de vida.
Por tanto, despenalizar el aborto no hará que todas las mujeres vayan en tropel a poner fin a la gestación. Ayudará a que el problema sea atendido como debe ser, un caso de salud pública, seguro y gratuito. Esto debe ir acompañado necesariamente por una buena educación sexual, sin sesgos ni conservadurismos.
Cuando en el país se discutió la ley del divorcio los sectores en contra pusieron el caso como el fin de los tiempos. Que se destruirían las familias, que todo el mundo iría en tropel a divorciarse, etc., etc. Fue mentira. Con el aborto sucede lo mismo. Los países que despenalizaron la práctica lo demuestran. Las mujeres no abortan por deporte. Además, es derecho de ellas decidir hacerlo o no en el tiempo biológicamente considerado: las primeras 14 semanas de fecundación.
Los Estados deben legislar para todos. Ese es el principio de la democracia republicana.