27 nov. 2024

El abusivo circo populista de
Juan Villalba contra ciudadanos

Un nuevo y lamentable escándalo mediático protagonizó recientemente el director de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, Juan Villalba, al exponer en las redes sociales a un jugador de fútbol, quien dio positivo en la prueba de alcotest. Además, de ser una muestra clara de abuso de poder, el circo populista que le gusta representar al funcionario no sirve como ejemplo a los ciudadanos para que respeten la ley. Juan Villalba ha violado una garantía constitucional al exponer la intimidad, la dignidad y la imagen de una persona.

Un tuit publicado en la madrugada del 18 de junio logró desatar el escándalo cuando nada menos que el director de Tránsito de la capital del país, escrachó a un jugador del Club Olimpia. La publicación decía: “En pleno procedimiento frente al WTC sancionando a vehículos mal estacionados, divisamos un vehículo que circulaba a alta velocidad! El conductor resultó ser el jugador Facundo Bruera, a quien se le practicó la prueba de alcotest, dando positivo en 0.05 mg/L. graduacion baja de alcohol. Multa pagada! Que continúen sus éxitos en el fútbol pyo!”.

La publicación que realizó el funcionario municipal en las redes sociales fue absolutamente innecesaria. Si el conductor colaboró con el procedimiento y pagó la multa correspondiente, no había nada que reportar respecto del procedimiento. Es por eso que se puede señalar que en el espectáculo hubo ensañamiento y encono.

Sin embargo, lo más grave de este incidente es la falta de conciencia de parte de un alto funcionario municipal, ya que sus acciones suponen la abierta violación de garantías constitucionales, más concretamente del artículo 33 de la Constitución Nacional, del Derecho a la intimidad:

“La intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecte al orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, estará exenta de la autoridad pública. Se garantiza el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas”.

Al exponer la imagen de una persona que en todo momento colaboró con las autoridades, aceptó practicar el alcotest y abonó la multa; no se aporta nada positivo a la ciudadanía, pues no se ve como una lección, sino más bien como una bravuconería y amenaza. Para el ciudadano común el anonimato es un seguro contra los abusos de poder del director de Tránsito de Asunción, pero tampoco sirve para promover buenas prácticas. Villalba muestra mala intención, y que además, solamente busca la figuración y el espectáculo, y en el medio de todo, abusa de su poder.

Son varias las incoherencias señaladas a Villalba. Uno de estos hechos, y quizá el más destacable sucedió en el mes de febrero cuando el polémico director de Tránsito dio positivo al alcotest, se le abrió un proceso por exposición al peligro en el tránsito terrestre; sucedió en el km 49 de la ruta PY01, según se reportó se había negado a firmar el acta. Otra incoherencia que se le señala tiene que ver con el favoritismo que él aplica para no controlar ni multar a los adherentes del Partido Colorado. En este sentido, en las redes sociales se había denunciado que, mientras Villalba participaba de un acto de campaña de Santiago Peña en un club de Asunción, afuera del local una fila de colectivos estacionaban sobre la doble avenida Fernando de la Mora, y los internautas se preguntaban por qué les permitía esto el director de Tránsito que tanto gustaba de perseguir y escrachar a la ciudadanía.

Claramente, lo que Juan Villalba hizo en el caso del jugador del club Olimpia, Facundo Bruera, es una inaceptable arbitrariedad.

Como autoridad, los funcionarios pueden grabar los procedimientos sobre esto no existen dudas. Sin embargo, lo que no pueden ni deben hacer es difundir vídeos o fotos de los infractores en las redes sociales. Cuando el funcionario Juan Villalba publicó el tuit con la foto del deportista profesional abusó de su poder y violó algunos de sus derechos fundamentales. Si Juan Villalba prefiere el show mediático, que se dedique a ello, pero que lo haga fuera de sus funciones. Lo que sucedió es muy grave, pues él está cruzando la línea claramente establecida en un estado de derecho.

Más contenido de esta sección
Un proyecto que buscaba modificar el Código Penal para evitar que los casos de corrupción prescriban en la Justicia fue rechazado por los diputados y enviado al archivo. Se buscaba endurecer las penas, ampliar el universo de tipos penales, extender plazos para la prescripción y endurecer criterios de medición de la pena para delitos de corrupción pública y privada, con énfasis en la corrupción cometida por funcionarios públicos. El rechazo de esta propuesta parece una verdadera declaración de intenciones.
Mientras el ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio opera para obtener una medida sustitutiva a la prisión, la Cooperativa San Cristóbal, de la que fue presidente, siente las devastadoras consecuencias de haber sido una entidad a través de la cual, presuntamente, se puso en circulación el dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas. Perdió la confianza y a miles de socios. Es un ejemplo de lo que les sucede a las instituciones cuando falta fiscalización. Si no mejoran los controles, este caso se volverá a repetir, con los mismos funestos resultados.
El hecho de que la mayoría oficialista del senado haya retrocedido en la barbaridad cometida cuando devolvió fueros a senadores previamente desaforados que están siendo investigados por la Fiscalía, puede verse como que enmendaron un error. Sin embargo, una acción que significó el atropello a la Constitución Nacional no debe quedar impune. Los 23 senadores que votaron por devolverle los fueros a Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola, deben ser investigados, pues en un estado de derecho nadie está por encima de la ley.
Hace unos días, fue intervenida una estancia en Fuerte Olimpo, Alto Paraguay, y en el lugar fueron detenidas diez personas de cuyo poder incautaron fusiles AR47 y una avioneta Cessna, además descubrieron una pista clandestina que habría pertenecido a la estructura liderada por el supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y al presunto líder de tráfico de drogas, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Resulta insostenible la falta de control del espacio aéreo nacional, ante la impasividad o complicidad de las autoridades.
Aproximadamente, unos 1.300.000 niños y adolescentes paraguayos retornaron a clases en los establecimientos educativos públicos hace unos días, y el escenario que hallaron muchos de ellos ha sido el de una infraestructura deficiente y precariedades. A pesar de que la Constitución Nacional consagra el derecho a la educación, frente a la realidad a la que asistimos, parecen apenas palabras vacías de significado debido a la ceguera de nuestros líderes políticos para anteponer los intereses de la mayoría y apostar por el presente y el futuro del país.
El acceso de los niños a alimentos adecuados y saludables es esencial para garantizar su bienestar físico, intelectual y social. Los programas de alimentación escolar han formado parte de la política educativa desde hace más de un siglo y permanecen en la actualidad, independientemente del nivel de desarrollo de los países y de los ingresos de los hogares. Pero en todos los países el programa se ha planteado de manera integral y tiene alto consenso social. Paraguay no puede ser una excepción. Los cambios planteados solo generaron conflictividad, a la vez de que no garantizarán mejoras sustanciales.