Se trata de una lacerante realidad de las comunidades, que no aparece en los medios de comunicación, salvo contadísimas excepciones, como los casos que conocimos esta semana. Tampoco es asunto que figure en la agenda legislativa, ni que forme parte del contenido de alguna campaña del Indi o de los ministerios de Salud, Educación, Niñez y Adolescencia, la Fiscalía ni el Poder Judicial, etc., etc.
¡Los indígenas son invisibles para el resto de la población de un país que en su Constitución Nacional se declara pluriétnico y multicultural!, que no toma conciencia de que existen 5 familias lingüísticas con 19 pueblos (etnias), que representan una amplia diversidad cultural.
Para desentenderse de ellos, las instituciones normalmente invocan el derecho consuetudinario, aún tratándose de hechos punibles, como los abusos sexuales. El argumento es que se trata de usos y costumbres ancestrales supuestamente admitidos por la propia comunidad.
¡Violar a las niñas no forman parte de nuestras costumbres! Enfatizó una lideresa en una de las reuniones a las que asistí. ¿Por qué los periodistas no nos preguntan qué pensamos las mujeres?, reclamaron otras cuando se les indicó que hay líderes que no permiten denunciar ante la justicia ordinaria los casos de violencia intrafamiliar o de abuso sexual en niños.
Ellas sí lo han estado denunciando y luchando contra la legitimación social de la violencia de género que, insisten, no son parte de sus culturas ancestrales, al igual que la concepción de la disponibilidad sexual de las niñas, en edad cada vez más precoz.
Contaron que en algunas comunidades, particularmente en zonas fronterizas (Amambay, Canindeyú, Alto Paraguay) se dan una serie de vulneraciones de derechos de las niñas. Entre ellas, la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual por parte del crimen organizado, que se ve abonada por la situación de extrema pobreza, la total falta de oportunidades y el hambre. Hace algún tiempo, las consienten algunos adultos, entre ellos, los caciques (líderes). Según datos de 2019, del total de líderes reconocidos por el Indi hasta entonces, 94% eran hombres y solo 6% mujeres. Hegemónicamente, los hombres son los que detentan la autoridad en las comunidades. Son los que invocan el derecho consuetudinario, en ocasiones, arbitrariamente, y amenazan con expulsar a las mujeres si denuncian fuera de la comunidad un abuso. Por otra parte, las instituciones ignoran cómo proceder cuando se trata de pueblos indígenas. No tienen claro, por ejemplo, que cuando las víctimas son personas menores de edad, por encima del derecho consuetudinario, prevalece el interés superior del niño, niña o adolescente. Que ningún cacique puede impedir la intervención de una fiscala cuando se trata de niños, como sucedió con la agente fiscal que investiga el caso de la niña de 4 años que falleció de una septicemia, pero que se descubrió era abusada. La representante del Ministerio Público no pudo ingresar a la comunidad. Pospuso el procedimiento hasta tanto pudiera contar con la orientación de un perito indígena. Este celo por las formas no se da para los aparatosos desalojos a indígenas.
El otro hecho lamentable es el de una niña de 13 años, a quien entregaron a un adulto para abusar de ella y finalmente asesinarla. A ella y a tantas otras nenas del país no les ofrecimos protección ni oportunidad alguna. Ni siquiera para desarrollarse según los ciclos normales de crecimiento físico y desarrollo síquico y emocional. Las injusticias y múltiples discriminaciones que entraña la doble condición de mujer o niña indígena son tantas, como para lavarse las manos y adjudicar lo que les sucede a los usos y costumbres de algunas comunidades y justificarse en el derecho consuetudinario.
