La abogada barbadense, Roberta Clarke, preside este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que integra como una de los siete comisionados y comisionadas. Ella es relatora sobre los derechos de las personas LGTBI. Considerada una activista por la justicia social y la igualdad de género. Antes de ser elegida para integrar la CIDH, en noviembre de 2021, estuvo en las Naciones Unidas, donde lideró las Oficinas Regionales de ONU Mujeres en África del Este y del Sur, Asia del Pacífico, el Caribe y Libia. Ella vino a Asunción para participar del 54ª período ordinario de sesiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de actividades paralelas.
–¿Cómo afectan el crimen organizado transnacional y el narcotráfico a los Estados en su obligación de promocionar, defender y generará las condiciones para la plena vigencia de los derechos humanos?
–En zonas con actividades del crimen organizado, las personas defensoras de derechos humanos enfrentan serias dificultades y riesgos, como amenazas y ataques por parte de actores armados que controlan los territorios donde operan. Esto es particularmente problemático para quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. En algunos casos, se ven obligados a abandonar sus hogares para salvaguardar su vida e integridad. En este contexto, el acceso a la Justicia se vuelve aún más difícil. Las instituciones estatales a menudo carecen de recursos suficientes para llevar a cabo la peligrosa labor de investigar los delitos relacionados con la delincuencia organizada. Además, la desconfianza en las autoridades debido a la corrupción y la impunidad generalizada se traduce en su renuencia a denunciar los actos de violencia que han experimentado, especialmente cuando son cometidos por miembros de grupos involucrados en el crimen organizado. La Comisión publicó una serie de informes sobre el impacto del crimen organizado en mujeres, niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas y personas defensoras del medioambiente, en el Norte de Centroamérica y hace una serie de recomendaciones para hacer frente con leyes y políticas públicas que respeten los derechos e incluyan el enfoque de atención diferenciada y específica según las necesidades de estos grupos y colectivos.
–¿Qué cambios produce la paridad de género en una sociedad en la formación de las instituciones públicas?
–La participación igualitaria de la mujer en la vida política y en las instituciones públicas es necesaria para la igualdad. También es importante para la democracia, así como para garantizar que las políticas públicas sean pertinentes y respondan a las necesidades diferenciales de nuestras diversas poblaciones. La integración de las diversas voces que conforman las sociedades y el pluralismo político es vital para el disfrute de los derechos humanos. Además, la plena participación en las políticas de seguridad y gestión de crisis es esencial para detener la violencia que enfrentan a diario.
Los Estados deben promover la participación y el liderazgo de las mujeres en todos los aspectos de la vida pública. Esto incluye una participación efectiva en la construcción, ejecución y evaluación de políticas de prevención y reducción del delito, y en estrategias para abordar y superar situaciones de crisis, como conflictos armados, inseguridad, crisis sanitarias, entre otras.
–De acuerdo con los casos individuales presentados y las alegadas violaciones de derechos humanos, ¿existe un retroceso en América Latina con respecto a ciertos estándares de protección como los elaborados en materia de libertad de expresión, debido proceso, discriminaciones?
–Los casos individuales se tratan confidencialmente con las partes. Sin embargo, la CIDH ha identificado una preocupante tendencia regional en materia de libertad de expresión.
En algunos casos, continúan las restricciones arbitrarias al espacio cívico; el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en el contexto de manifestaciones; decretos que limitan las modalidades de protesta; la estigmatización y criminalización de la protesta social; cierre de emisoras de radio; la persecución de los líderes de la oposición y privación arbitraria de la nacionalidad; y proyectos de ley que restringen el registro de organizaciones de la sociedad civil; así como la violencia contra periodistas y personas defensores de derechos humanos.
–¿Es factible combatir la discriminación sin una ley contra todas las formas de discriminación?
–Se necesitan enfoques integrales para poner fin a la discriminación. Y esto incluye leyes que regulan las acciones de actores estatales y no estatales, como empleadores privados y otras instituciones privadas.
Las leyes son importantes porque promueven el cumplimiento de las normas de derechos humanos y proporcionan recursos a las personas afectadas por la discriminación. Además, las leyes no dependen de la discreción de individuos e instituciones; por el contrario, aumentan la probabilidad de acceso a la justicia y el cambio cultural y envían un poderoso mensaje moral y ético de que no se tolerará la discriminación y de que todas las personas son iguales en dignidad y derechos.
En tal sentido, la Comisión promueve el desarrollo de leyes, políticas y prácticas que erradiquen la discriminación, y como parte de su mandato, alienta a los Estados a cumplir con sus obligaciones.
Estas obligaciones están plasmadas en diversas convenciones: La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad; contra el racismo, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia; contra todas las formas de discriminación e intolerancia; y el más reciente, sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
–¿A qué obedece que actualmente se exprese una fuerte corriente que cuestiona hasta el concepto género y ataca la labor de los defensores de derechos humanos?
–Para poner fin a la discriminación por motivos de género es necesario abordar las relaciones desiguales de poder. Así pues, aunque se pueden observar avances, la Comisión ha estado observando retrocesos en los compromisos que tienen los Estados con la igualdad de género, así como una resistencia a reconocer los derechos que tienen las personas LGBTI. Identifica como uno de los obstáculos más arraigados y que permea a la sociedad en su conjunto, la existencia de estereotipos de género que atribuyen roles específicos a hombres y mujeres. No obstante, es importante destacar que hay más países en la región que están plenamente comprometidos con mantener instituciones nacionales abocadas al diseño e implementación de políticas para poner fin a todas las formas de discriminación basadas en el sexo, la identidad de género, las expresiones de género y la orientación sexual.
Al respecto, la Comisión trabaja con los Estados para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos y abordar las realidades de la discriminación, como la erradicación de la violencia de género, la mejora del acceso a la justicia, la calidad a los servicios de salud sexual y reproductiva, y la paridad de género en la participación pública y la toma de decisiones.
Se registran progresos y estos tienen que ser sostenidos y ampliados. El reto consiste en garantizar que las leyes y políticas se apliquen plenamente.
–¿Cuáles son las acciones impulsadas en el Sistema Interamericano para que las personas LGBTIQ+ no sean discriminadas y se reconozcan sus derechos?
–Los estándares interamericanos son claros. La discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresiones de género o características sexuales es una violación de los derechos humanos.
Todos los Estados tienen la obligación de proteger, respetar y cumplir los derechos de las personas LGBTI.
Esto incluye garantizar la prevención de la violencia, el abuso y el acoso; garantizar el derecho a la identidad de género, mediante la provisión oportuna de documentos de identidad adecuados; la igualdad de derechos familiares y la despenalización de la orientación sexual.
No obstante, a nivel regional, las personas LGBTI siguen enfrentándose a discursos de odio, violencia, abusos y detenciones arbitrarias, así como a la discriminación en el lugar de trabajo y en los entornos educativos.
