El proyecto de ley “Por el cual se reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución de la República”, que se conoce como el proyecto de la superintendencia de jubilaciones y pensiones”, está dando mucho que hablar.
Si bien, todos coincidimos con que es necesario un ente regulador para salvar las pensiones, la forma en la que el Gobierno pretende imponer su normativa al menos es para levantar sospechas.
Para comprender un poco, debemos de entender que antes de que Santiago Peña asumiera la presidencia de la República, el cartismo se valió de su operador liberal Dionisio Amarilla para presentar un proyecto de ley a través del cual se buscaba crear una superintendencia de pensiones, dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP).
La propuesta —apadrinada por el entonces futuro gobierno— no tardó en generar rechazo por parte de los sectores obreros, sindicales y asociaciones de jubilados. Ante esta situación, los representantes del entonces recién asumido Gobierno, decidieron tomar distancia de la propuesta. Aunque el propio ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, reconoció que el proyecto Amarilla lo promocionó el Ejecutivo para “despertar” el interés sobre el tema.
La preocupación de los distintos sectores siempre fue que se utilicen los USD 2.800 millones que tiene como patrimonio el Instituto de Previsión Social (IPS).
Como respuesta a los cuestionamientos y el reclamo de los sectores sociales con relación a la participación en el proceso de elaboración de la iniciativa, desde el Ministerio de Trabajo se promovió una mesa de trabajo para la creación de un nuevo borrador de la propuesta. Si bien, el acuerdo fue amplio, sin justificación alguna, se decidió excluir de él a todos aquellos grupos cuya postura es crítica hacia iniciativas de este tipo.
Desde el Gobierno, se habló de omisión involuntaria en la invitación e incluso confusión, para intentar justificar la exclusión, pero finalmente, nadie enmendó esto y se sigue con el plan de aprobar la Superintendencia con base en atropellos.
Si bien la naturaleza del proyecto de ley es loable, y existe coincidencia entre los afectados, especialistas y autoridades sobre la necesidad de que las cajas previsionales sean controladas, el apremio por imponer la propuesta de normativa es lo que huele a doble intención.
Nadie duda de la capacidad técnica del presidente de la República, Santiago Peña, pero es evidente que alguien no le está contando la verdad sobre el supuesto consenso respecto a este polémico documento.
Un ejemplo de la debilidad que tiene el supuesto consenso logrado por el Gobierno fue la primera movilización de jubilados, sindicatos y obreros, que movilizó a cientos de personas frente a la sede previsional en Asunción, así como las nuevas manifestaciones anunciadas.
De aprobarse esta ley, el Gobierno tendrá el enorme desafío de crear una institución sumamente importante intentando separar los intereses políticos a la hora de manejar los recursos previsionales. Algo que por la forma en la que se está manejando este tema parece imposible. ¿Cuesta tanto un diálogo amplio sobre un tema tan complejo?
