Un grupo de delincuentes bien organizados montaron nada menos que una barrera policial falsa para ejecutar un robo en plena ruta. Durante la huida, redujeron a agentes de la Policía Nacional, los esposaron, les despojaron de sus armas y de una radiofrecuencia. Cuando la inseguridad golpea a la institución que debe velar por la seguridad ciudadana, significa que ha llegado la hora de que desde el Gobierno se planteen algunas soluciones. Son precisamente estos hechos los que justifican el miedo del ciudadano ante cada control policial.
Los delincuentes que utilizaron patrulleras falsas de la Policía para robar un cargamento de una transportadora demostraron no solamente la manera en que fácilmente nuestras fuerzas de seguridad pueden ser superadas, sino que además probaron el argumento del porqué el ciudadano común teme a las barreras y controles de la Policía Nacional.
Lo sucedido entra sin duda en la categoría de lo insólito. Un grupo de piratas del asfalto disfrazaron con logotipos dos camionetas para parecer una patrullera de la Policía Nacional y otra de la Senad. Lo hicieron para robar el cargamento de una transportadora de encomiendas, exactamente en el kilómetro 56,5 de la ciudad de Caacupé, Departamento de Cordillera.
Los delincuentes montaron la barrera falsa con las patrulleras ploteadas e interceptaron al camión. Entonces, agentes de la Comisaría 23ª San Vicente de Atyrá persiguieron al convoy que llevaba la carga, y en un momento, una de las falsas patrulleras salió al paso de los agentes, los obligaron a tirarse cuerpo a tierra, los esposaron y les despojaron de sus armas; además de las llaves de la patrullera, se llevaron una radiofrecuencia.
Un primer aspecto que se debe analizar tiene que ver, sin duda, con la evidente facilidad con que los delincuentes consiguen reducir a los efectivos de la Policía Nacional y, por otra parte, la ausencia de trabajo eficiente de inteligencia de nuestras fuerzas de seguridad. Hoy debemos mencionar el caso conocido como el mayor asalto de la historia paraguaya. Sucedió hace siete años, y aquella vez los delincuentes prácticamente tomaron Ciudad del Este para perpetrar un asalto tipo comando al local de Prosegur SA. Las calles de la ciudad de Alto Paraná se convirtieron en una escena de película de acción: los delincuentes llegaron fuertemente armados, utilizando armas de grueso calibre, municiones, chalecos antibalas y salvavidas, fusiles antiaéreos, lanchas, clavos miguelito, dinamita en gel, granadas de mano, vehículos y francotiradores.
Además de recordar un caso emblemático, lamentablemente también se deben mencionar casos en que los ciudadanos quedaron expuestos a barreras y controles policiales donde resultaron víctimas de malos procedimientos.
El caso, conocido como gatillo fácil, ocurrió el sábado 13 de agosto de 2016, alrededor de las 05:50, cuando el joven Richard Pereira, a bordo de su vehículo, se dirigía a su casa. Fue perseguido por una patrullera de la Policía Nacional, y al ser interceptado, descendió de su vehículo con las manos arriba. A pesar de no mostrar resistencia, un suboficial lo tiró al suelo y lo obligó a ponerse de rodillas, luego le disparó en la nuca. Richard Pereira quedó parapléjico; el suboficial que le disparó fue condenado a 20 años de cárcel tras ser hallado culpable de tentativa de homicidio doloso en calidad de autor y de persecución de inocente y simulación de hecho punible en calidad de coautor, y un comisario fue condenado a 11 años de cárcel por persecución de inocentes, simulación de un hecho punible, denuncia falsa y frustración de la persecución y ejecución penal.
Ya no caben dudas de las grandes dificultades que tienen nuestras actuales autoridades nacionales para gestionar los serios problemas de seguridad interna. Por esto, siempre están recurriendo a las mismas estrategias; por ejemplo, el polémico y cuestionado control aleatorio a los ciudadanos.
Debe quedar claro que, si realmente hay intenciones de mejorar nuestra complicada situación de inseguridad a nivel general, un primer paso, tan inevitable como urgente, es apuntar a una profunda reforma policial, la que obviamente debe partir de un completo diagnóstico de la situación institucional, un diagnóstico basado en datos.
