Las consecuencias del incendio en el Chaco y en otras regiones reclaman un debate sobre las normativas vigentes y el rol del Estado en el manejo de los bienes comunes y públicos que afectan a la población. Los costos son altos, y los daños incalculables, tanto al sector público como a cada una de las familias que se vieron afectadas con la pérdida de recursos, enfermedades, y gastos adicionales que conllevaron días de aire contaminado. También hay que mirar los efectos en los cursos hídricos por el uso sin control de los mismos.
El aire puro y el agua limpia son bienes comunes para la discusión y la política económica. Este debate fue profundizado gracias a Elinor Ostrom, quien ganó el Premio Nobel de Economía en 2009.
Para la literatura actual, los bienes comunes, a diferencia de los bienes públicos, son “rivalizables”, es decir, aunque el aire en general no se agota, –el agua, sí– , el aire puro o agua limpia sí pueden agotarse o deteriorarse si muchas personas o empresas utilizan sin control o contaminan el ambiente, de esta manera, se reduce el consumo disponible para el resto de la población.
La similitud con los bienes públicos es que son “no excluyentes”, es decir no se puede excluir a nadie de su consumo porque es general, y en particular, en nuestro país tenemos un marco normativo que otorga derechos universales.
La importancia de distinguir entre ambos tipos de bienes son sus implicancias en las políticas públicas.
Para la teoría ortodoxa económica, las fallas de mercado, entre ellas, la existencia de bienes públicos y externalidades negativas habilitan a implementar políticas públicas para garantizar la eficiencia macroeconómica en el uso de los recursos. Es decir, como a la economía en su conjunto, la política pública que soluciona los problemas que generan personas y las empresas contaminantes exigen recursos tributarios que terminan pagando quienes no contaminan para enfrentar ese gasto, es necesario implementar penalidades.
En el caso de los bienes comunes, la situación es más grave que en el de los bienes públicos, ya que al ser “rivales”, cuando unos usan y contaminan, escasea el bien, mientras que en el caso de los bienes públicos no, el que unos usen no reduce el consumo del resto –semáforos, por ejemplo–.
Por lo tanto, hay una responsabilidad mayor del Estado en la regulación y gestión de los bienes comunes. Elinor Ostrom señala que al tener estas características, las regulaciones no pueden limitarse a mediar entre la oferta y demanda en el mercado.
Dado su impacto colectivo y la clara dependencia de estos recursos para el crecimiento económico y el bienestar de toda la población es necesario crear reglas que garanticen una participación activa comunitaria y los mecanismos de monitoreo de las violaciones y penalizaciones acordes con el daño colectivo.
En el caso del Chaco, una gobernanza de los bienes comunes debería incluir a los pueblos indígenas, que por su cosmovisión, compromiso y dependencia directa del ambiente son agentes económicos fundamentales para la protección de los bienes comunes.
Ello requiere una gobernanza distinta a la que se plantea en el caso de los bienes públicos. Mariana Mazzucato, desde la teoría ortodoxa, avanza en este ámbito, profundizando en los roles del Estado en este nuevo contexto de crisis climática y agotamiento global de los recursos naturales. El mundo, y Paraguay incluido, necesitan transiciones económicas y energéticas para sostener el crecimiento económico a la vez de garantizar el bienestar a la población. Esto exige renovar políticas, ya que todos los contextos: Demográficos, sociales, económicos y ambientales han cambiado drásticamente en los últimos 50 años.
Nadie puede destruir el ambiente por satisfacer su interés individual.
Cualquier argumento a favor de esta acción es falaz y va en contra de nuestra propia macroeconomía y del bienestar de la población.
Hay un debate muy importante en este ámbito que debiera ser tomado en cuenta por nuestras autoridades para garantizar ante todo los intereses colectivos.
