Sabíamos que la primera gran negociación iba a ser entre nosotros los paraguayos, donde el tema estaba absolutamente polarizado entre un sector radical autodenominado patriotas con pretensiones utópicas y otro sector acusado de vendepatrias por presentar propuestas conservadoras, pero muy realistas.
Sabíamos que la segunda gran negociación iba a ser con el Gobierno brasileño, en cuyo país existen sectores muy poderosos, nada dispuestos a hacer concesiones al Paraguay y que solamente buscan reducir los costos de Itaipú para bajar el precio de la energía para el consumidor y para la industria brasileña.
El tercer gran escollo a superar iba a ser la aprobación por parte del Congreso brasileño de un eventual acuerdo. Recordemos la enorme oposición de los Estados del norte para aprobar el acuerdo Lula-Lugo y recordemos que existe un acuerdo firmado en el año 1995 para modificar el Anexo A que hasta hoy ni siquiera fue tratado.
Al final, ninguna de estas tres negociaciones se realizó, porque los gobiernos paraguayos –tanto de Abdo Benítez como de Peña– se concentraron en negociar cada año la tarifa de la energía y la negociación del Anexo C quedó postergada.
Esta situación cambió radicalmente en abril del año pasado, cuando el gobierno de Peña llegó a un acuerdo bastante amplio, donde se definieron muchos puntos, algunos buenos y otros malos.
Todos celebramos la muy buena tarifa obtenida para los años 2024, 2025 y 2026 que le permite al Paraguay recibir de Itaipú cada año unos 640 millones de dólares, en concepto de gastos socioambientales.
Esa fue una buena noticia, pero la mala noticia es que esa tarifa rige solamente por tres años y que, a partir del 2027, esta caerá abruptamente y el Paraguay dejará de recibir ese monto en dólares.
Según cálculos de expertos a partir del año 2027, además de dejar de recibir los 640 millones de dólares por los gastos socioambientales, nuestros ingresos por cesión de energía se reducirán en unos 100 millones de dólares por la mayor contratación de potencia que nos exige el acuerdo firmado.
Pero lo más preocupante de todos los puntos firmados en el convenio de abril del año pasado es el que dice que dicho acuerdo es la base del nuevo Anexo C, con lo cual prevalece la posición brasileña de convertir a Itaipú solamente en un centro de costos, que produzca eficientemente para generar energía a bajo costo.
Es criticable que un compromiso de estas características se haya firmado sin participación alguna de la ciudadanía paraguaya. Incluso en la época de Stroessner, el Tratado de Itaipú fue ampliamente debatido, tanto en las universidades, como en los medios de comunicación y en el Congreso.
Ahora estamos a las puertas de la firma de una modificación al Anexo C de dicho Tratado, sin conocer su contenido, sin debatir sobre los puntos y sin participación ciudadana. Olvidando el primer artículo de nuestra Constitución Nacional, que dice que “la República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista”.
Para concluir quiero recordar frases de dos grandes presidentes latinoamericanos a quienes tuve el honor de conocer. Uno fue Fernando Henrique Cardoso, quien afirmó: “En democracia un presidente primero debe escuchar, después debe decidir y finalmente debe explicar su decisión”; el otro fue Julio María Sanguinetti, quien expresó: “El excluido siempre será el enemigo”.
Peña debe atender las recomendaciones de estos dos grandes maestros de la política y abrir espacios de participación para escuchar a toda la ciudadanía. Después, él decidirá y tendrá que explicar los motivos de su decisión.
Y los excluidos criticarán.
