Las olas de calor tienen impacto en la demanda de energía eléctrica, lo que genera presiones en los sistemas de suministro y distribución de electricidad y, por supuesto, mayores costos. Para quienes no creían en el cambio climático, esta es una de las señales y Paraguay ya empezó a pagar las consecuencias. Los datos de la ANDE indican que entre enero de 2024 y el mismo mes en 2025 hubo un aumento del consumo del 11% en el primer mes de 2025. Además, el consumo de energía durante el año pasado se triplicó con relación a las previsiones de la ANDE. La entidad tenía registrado un promedio de 6,5% de aumento anualmente en la última década, pero en el 2024 la demanda fue superior al 18,4% en comparación con el 2023.
El uso de acondicionadores de aire, ventiladores y otros sistemas de refrigeración aumenta drásticamente en hogares, comercios e industrias, lo que eleva de manera considerable la demanda de energía eléctrica.
Este incremento, sumado a las altas temperaturas, puede sobrecargar transformadores, líneas de transmisión y otros componentes de la red eléctrica, provocando fallos técnicos y reduciendo la eficiencia del sistema.
Aunque no es un efecto directo sobre la demanda de energía, las olas de calor pueden afectar la salud de las personas y reducir la productividad laboral, lo que indirectamente puede influir en los patrones de consumo de energía. Una planificación y gestión adecuada de la red eléctrica son esenciales para mitigar estos efectos.
Adicionalmente al aumento derivado de la mayor demanda de energía por el calor se agrega el incremento de la contratación de potencia de las criptominerías legales. En el 2024, se registró un consumo de 26.143 GWh, mientras que en el 2023 fueron 22.080 GWh. Se deben considerar también los efectos de las criptominerías ilegales que como se está viendo constantemente y son más importantes de lo que el sentido común puede dimensionar.
Dados los costos que tendrá el aumento de las inversiones en el sistema, es fundamental discutir quiénes los pagarán y no solo asumir que estos deben distribuirse entre todos por igual, siendo que una parte importante de la población sufre las consecuencias sin tener participación proporcional en las causas ni en los beneficios de la actividad económica.
La inversión en infraestructura eléctrica debe tener las mismas consideraciones que cualquier política pública que considere la relevancia de los bienes públicos, semipúblicos o esenciales. En primer lugar, debe garantizarse su eficiencia controlando cualquier riesgo de corrupción, sobrecostos o conflictos de interés. En segundo lugar, debe garantizarse su calidad. Lo barato a veces sale más caro, sobre todo porque las inversiones en este ámbito son de largo plazo. En tercer lugar, debe considerarse la equidad tanto desde la oferta como desde el financiamiento. Es decir, dónde y para quiénes se invierte y quiénes pagan por esa inversión.
Las autoridades no solo deben ejercer su rol garantizando esas condiciones, sino también informando y rindiendo cuentas a la población. Al final de cuentas, la que termina pagando las consecuencias económicas, sociales y ambientales de la inversión o no inversión es la ciudadanía.
