Es llamativo el caso de la Comuna de Lambaré con los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
Desde la gestión del ex intendente colorado Roberto Cárdenas hay obras escolares que no se concretan en su totalidad, mientras que la comunidad educativa mira, pareciera que con demasiada pasividad, cómo se sigue postergando el sueño de la escuela digna.
El problema persiste con la actual administración. Ocurre en particular en dos instituciones educativas públicas: Ava Mba’e y Cerro Corá.
En ambos centros la inversión supera los G. 1.000 millones, que aún no fueron desembolsados de acuerdo con los datos oficiales.
Los trabajos en Ava Mba’e incluyen la reconstrucción de una sala de clases que había sido clausurada por técnicos del MEC que constataron errores en las obras que apenas tenían un año de inaugurarse (también en la era Cárdenas). La sala defectuosa costó al Municipio G. 149 millones.
Que conste que esta verificación de obras se realizó recién después de que una parte del techo de un salón del Colegio Nacional de Lambaré cayera sobre los estudiantes. Una decena de los chicos sufrieron lesiones graves.
Las únicas que cumplieron con medidas judiciales luego de las numerosas irregularidades detectadas fueron las directoras de una decena de institutos.
Pasó porque firmaron cheques en blanco a pedido de la administración comunal de ese entonces.
Pasó no precisamente porque sean cómplices, sino porque prefirieron acceder a la solicitud en pos de lograr mejoras de infraestructura en las escuelas que dirigen.
Las directoras obtuvieron medidas sustitutivas que consistieron en trabajos comunitarios en el centro cultural de Lambaré.
Los niños juegan hoy entre escombros en el receso o a la salida porque hay una aparente disputa entre la firma privada adjudicada y la Comuna local. Se plantea una rescisión del contrato firmado entre las partes. Alegan materiales defectuosos y retrasos en las reparaciones.
Problemas de este y de todo tipo se dan en otros municipios del país, incluso, con los Fondos de Excelencia que administra el MEC.
La remodelación de 676 centros educativos, con un proyecto que se inició en el 2014, sigue sin culminar. Y eso que solo hablamos de infraestructura básica, donde la modernización incluye baños sexados y acaso alguna rampa en el patio y los accesos de entrada. Las gobernaciones y los municipios recibieron desde el 2012 hasta mediados de este año USD 403 millones del Fonacide para infraestructura y merienda.
Definitivamente, el uso de estos recursos que seguiremos recibiendo hasta el 2023 es un abordaje necesario en el marco de la revisión de la reforma educativa del 94.
¿Mejoró en parte la situación edilicia de las escuelas públicas? ¿Cómo hacer para evitar la burocracia excesiva sin descuidar la transparencia?
También debe debatirse el rol de las cooperadoras escolares en todo el embrollo.
El Centro de Estudios Ambientales y Sociales publicó en julio del 2017 que los padres aportan al año USD 10 millones anuales en infraestructura de los establecimientos. No contaron uniformes y otros insumos. El análisis también sugería que los padres puedan obtener fondos para construir.