Este asunto de las grabaciones de conversaciones telefónicas que destapan la corrupción del sistema político y judicial, y que hasta el momento se llevaron –tal vez como chivos expiatorios– a los senadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, es un sismo de escala media que coloca en perspectiva y abre todas las compuertas de dudas sobre causas emblemáticas como la masacre de Curuguaty, juicio prostituido, negligente, ilegal y arbitrario, cuestionado hasta por organismos de Naciones Unidas, y que tiene a 11 compatriotas condenados a prisión, sin prueba.
Nada está desligado.
Ahora el abogado de la causa –Curuguaty– esgrime serias acusaciones de desaparición de pruebas contra el ex ministro del Interior Carmelo Caballero. Resulta que Caballero está altamente comprometido en las grabaciones y el tráfico de influencias desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, desde donde torcían todo en la Justicia; una revelación que en estos días amarga las fiestas a políticos corruptos y afines.
La principal referencia es de que el ex ministro hizo desaparecer evidencia vital que compromete al Estado y a la Policía en la matanza.

Los colectivos que acompañan a los campesinos masacrados prohíjan la tesis de que fue Caballero quien ordenó y –tal vez– ejecutó el borrado de la grabación tomada por la cámara frontal del helicóptero que sobrevoló antes, durante y después el epicentro de los tiroteos, la represión y las muertes.
Durante el gobierno de Lugo, ya dentro del gabinete se manejaban datos sobre los vínculos poderosos del entonces viceministro de Seguridad. Luego fue ministro y su relación e influencias crecieron exponencialmente y las siguió expandiendo, según se deduce de las escuchas que hoy él califica de ilegales –porque no fueron obtenidas con orden de juez– y que por eso –insiste– no constituyen prueba en su contra. Aunque la Fiscalía, si quiere, y bien lo sostiene el Colegio de Abogados, puede usarlas como cabeza de proceso por ser evidencia y profundizar en la investigación. Cosa que, se ve, no desean; voluntad y predisposición no se perciben.
En medio, el caso Curuguaty queda atravesado. La causa deja al descubierto que el juicio no tiene sustento y que primaron otros intereses para no hacer justicia. Murieron 11 campesinos y 6 policías. Indagaron, procesaron y condenaron a los labriegos, no hubo causa sobre uniformado alguno que ingresó armado y desató la masacre. En contra de los condenados no hay pruebas, solo que estuvieron allí o en una lista de un inexistente cuaderno.
En esa conspiración estuvieron involucrados muchos políticos, del actual Gobierno y de fuera. Ojalá también haya alguna grabación...